El gobierno acierta en dar prioridad a una transformación profunda e innovadora de la ley vigente.
La iniciativa hace bien en compatibilizar el reconocimiento de la realidad empresarial con la necesaria protección de los trabajadores.
Antes de inyectar nuevos recursos al sistema, el Ejecutivo debe garantizar definitivamente su buen funcionamiento.
La diplomacia nacional debe tomar distancia para no verse arrastrada por un conflicto en el que no tiene parte.
El mercado laboral muestra guarismos muy positivos, pero tras ellos se esconden realidades que deben motivar a las autoridades a introducir reformas.
