12 de mayo de 2008
La sentencia, dada a conocer ayer por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, favorece a Víctor Pey y Joan Garcés, quienes solicitaban una indemnización de US$ 515 millones por la confiscación del periódico en 1973. El ministro de Economía afirmó que el gobierno presentará un recurso de nulidad para revertir el fallo.

Luego de 10 años de disputa por la confiscación del diario Clarín, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) se pronunció en favor de los demandantes Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende, a quienes el Estado de Chile deberá pagar US$16,6 millones por la confiscación del periódico en 1973.
El fallo indica que el Estado chileno tendrá que pagar una cifra de US$ 10 millones, a la que se debe agregar los costos del caso, más otros US$2 millones por los gastos en que incurrió la defensa, además del interés compuesto del 5% anual a partir del 11 de abril de 2002, lo que eleva la cifra a los US$16,6 millones.
Para el Estado chileno, en todo caso, el fallo se considera un triunfo, puesto que cuando Víctor Pey y Joan Garcés decidieron demandar a Chile en 1997, solicitaron una indemnización de US$515 millones, lo que significa que ahora el Estado está obligado a cancelar cerca de un 3 por ciento de lo requerido por los demandantes.
Esta noche, al momento de hacer público el fallo, el ministro de Economía, Hugo Lavados, dijo tener la "convicción" de que el fallo se va a revertir y adelantó que el gobierno presentará un recurso de nulidad.
Pey recurrió al Ciadi el 6 de noviembre de 1997, luego de la negativa del Estado chileno de indemnizarlo por los bienes confiscados. En esa oportunidad presentó una demanda y solicitó un arbitraje del Banco Mundial, en virtud del Acuerdo de Protección de Inversiones (API), firmado entre Chile y España en 1994. La acción legal se realizó en conjunto con la Fundación Presidente Allende, a la cual Pey le había cedido el 90% de los derechos sobre el diario.
La indemnización que solicitaban los demandantes era una de las más altas que se han registrado en el organismo: US 515 millones. En 1998, el Ciadi admitió la demanda y constituyó un tribunal para resolver el caso.
Desde un comienzo la defensa de Chile sostuvo que Pey no cumplía las condiciones para que el Ciadi arbitrara el caso, debido a que éste último posee la nacionalidad chilena, a pesar de haber nacido en España, y que por lo tanto la compra del periódico -de haberla hecho- no califica como inversión extranjera.