Colombia afirma que paramilitares extraditados a EE.UU. serán juzgados a su regreso al país

La prensa local afirmó que la decisión se gestó hace dos semanas, luego de que Uribe percibiera  amenazas en la vigencia de la extradición.

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El gobierno colombiano aseguró que los 14 ex jefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos serán procesados por sus delitos de lesa humanidad en Colombia una vez terminen con sus condenas en el primer país, informó un funcionario.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acusó tácitamente a la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) de tener una posición "farisea", pues en opinión del funcionario antes criticó al gobierno por no realizar los envíos de los ultraderechistas y "ahora expresan: qué horror los están extraditando". "Claro que sí, (ellos volverán), una vez los liberen allá los traeremos acá para que paguen sus penas porque eso forma parte de las reglas de juego. Ellos no quedan eximidos de todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido", sostuvo Santos, respondiendo en parte así a los familiares de víctimas de los paramilitares, quienes temen que las extradiciones entorpezcan los esfuerzos de las autoridades judiciales por catalogar plenamente los crímenes de "los señores de la guerra", ubicar fosas comunes y llevar ante la justicia a políticos y hombres de negocios confabulados con ellos.

El ministro afirmó que el gobierno demostró con la extradición de los 14 ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que "la ley hay que cumplirla" y sus hechos no "quedarán impunes (...)Aquí estaban continuando con sus crímenes, delinquiendo desde las cárceles. Haciéndole daño a la sociedad colombiana y queremos reparar en todas la formas posibles a las víctimas".

Por su parte, la prensa local expresó que la decisión de extraditar a los 14 ex jefes de las AUC a la justicia estadounidense comenzó a gestarse hace dos semanas, cuando el Presidente Álvaro Uribe "percibió que una coincidencia de magistrados de la Corte Suprema, víctimas y ex 'paras' amenazaba la vigencia de la extradición".

Una acción de tutela (figura para amparar derechos constitucionales) fue interpuesta por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y frenó transitoriamente el envío de un ex paramilitar. Posteriormente, una sentencia de la Corte Suprema condicionó la extradición de cualquier procesado a que previamente cumpliera con la reparación a las víctimas.

"No voy a admitir que unos criminales pongan al Estado contra la pared", dijo Uribe enfadado durante un encuentro con sus asesores. Con su equipo jurídico acordaron trabajar en dos direcciones (para evitar que acciones legales impidieran que los ex paramilitares no fueran extraditados)", señaló el diario bogotano "El Tiempo".

Entretanto, una encuesta encargada por RCN Radio señaló que el 55,56% de los colombianos está de acuerdo con la extradición de los 14 ex paramilitares y un 21,76% se mostró contrario. Asimismo, un 22,69% no respondió o no sabe. El sondeo se realizó únicamente en las cinco principales ciudades del país.

Uribe afirmó ayer que ordenó la extradición tras comprobar que algunos estaban delinquiendo desde la cárcel, otros "no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas".

La administración Uribe y las AUC protagonizaron un proceso de negociaciones mediante el cual los paramilitares se acogieron a una ley (Justicia y Paz) muy criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran "bajas" las penas que se les aplicarán, de máximo ocho años de prisión.
DPA