2 de agosto de 2008
Antonini, asentado en Miami (EE.UU.), intentó ingresar ilegalmente en Argentina un maletín con US$790.550, pero fue descubierto por los aduaneros.
La Fiscalía de Venezuela indicó a través de una nota que se ordenó la "aprehensión" del empresario Guido Antonini por el "caso de la maleta con aproximadamente US$ 800.000 que le fue incautada en Argentina el 4 de agosto de 2007".
El comunicado de la Fiscalía precisó que la orden de detención contra Antonini partió del "Tribunal 18 de Control del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud de la fiscal 20 con competencia plena, Daisy López". Ese tribunal "giró las instrucciones a los órganos de seguridad del Estado y a la Interpol (Policía Internacional) a fin de que procedan a la captura y trasladen al mismo para imponerle de los hechos por los cuales se le investiga", señaló la nota.
Antonini, asentado en Miami (EE.UU.), intentó ingresar ilegalmente en Argentina un maletín con US$790.550, pero fue descubierto por los aduaneros.
El empresario llegó a Buenos Aires en un vuelo privado procedente de Caracas acompañando a ejecutivos de la estatal petrolera argentina Enarsa y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
El denominado "caso del maletín" obligó a renunciar en Argentina al director de la oficina de control de Obras Viales, Claudio Uberti, y en Venezuela al gerente general de PDVSAAmérica, Diego Uzcátegui, ya que un hijo suyo, del mismo nombre, viajó en el polémico vuelo.
Con anterioridad a la decisión de la Fiscalía de Venezuela, la fiscal argentina María Luz Rivas Diez acusó a Antonini de "contrabando en grado de tentativa" y pidió a la justicia que ordene la captura internacional del empresario.
De acuerdo con versiones de prensa venezolanas, Antonini se encuentra actualmente en libertad en Estados Unidos, donde un juzgado de Florida está conociendo el caso.
Ese juzgado relacionó al uruguayo Rodolfo Wanseele y a los venezolanos Carlos Kauffman, Moises Maionica y Franklin Duráncon Antonini y los acusó de actuar en territorio estadounidense de forma ilegal y trabajar para el servicio de inteligencia de Venezuela.
De acuerdo con la versión de la fiscalía estadounidense, los acusados presionaron a Antonini para no que revelara el origen y destino del dinero.
La hipótesis manejada, y desmentida por el gobierno argentino, sostiene que los US$ 800.000 estaban destinados a la campaña electoral de la actual Presidenta de Argentina, Cristina Fernández.