España: Audiencia Nacional paraliza exhumaciones de restos de desaparecidos ordenada por el juez Garzón

La medida responde a una petición del Ministerio Público que aún analiza si el magistrado es competente o no para investigar los hechos.

EFE

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La Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la apertura de fosas para exhumar los restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista (1936-1975), que había comenzado con autorización del juez Baltasar Garzón.

La investigación lanzada por el magistrado generó una fuerte polémica política y social, con opiniones muy enfrentadas entre los que la apoyan sin reservas y los que consideran que sólo reabrirá heridas del pasado.

La paralización del proceso de apertura de fosas tiene carácter cautelar en tanto el tribunal concluye si Garzón es competente para llevar a cabo la investigación, informaron fuentes jurídicas.

La sala tomó la decisión tras recibir un recurso del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que considera que Garzón no es competente.

El alto tribunal pide a Garzón que paralice las exhumaciones a excepción de las que, "de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".

Le requiere en particular "para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres" en tanto no se resuelva la cuestión de su incompetencia.

En el caso de que finalmente se llegara a la conclusión de que el juez Garzón no es competente para investigar las desapariciones, todas las actuaciones practicadas en la causa serían declaradas nulas, agregaron las fuentes.

En su petición, la Fiscalía alegó que las diligencias ordenadas por Garzón podían causar "perjuicios irreversibles de difícil reparación" si la Audiencia Nacional decide finalmente que no es competente.

A petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica, Garzón ya autorizó la apertura de 19 fosas.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que le sustituye esta semana permitió ayer la de otros seis lugares, entre ellos un columbario de la basílica del Valle de los Caídos, en las inmediaciones de Madrid, donde están enterrados el general Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.

En ese enorme monumento están también enterrados más de 30.000 combatientes de ambos bandos enfrentados en la contienda civil.

Entre las fosas cuya apertura autorizó Garzón está la de Víznar y Alfacar, en Granada (Andalucía), en la que se cree que están enterrados los restos del poeta Federico García Lorca, fusilado al comienzo de la Guerra Civil española.

El magistrado se declaró competente a mediados de octubre para ordenar la investigación tras recibir las denuncias de familiares de desaparecidos, entre ellos la de la nieta de Dióscoro Galindo, un maestro de escuela fusilado junto a García Lorca el 18 de agosto de 1936.

Garzón considera que es competente porque las desapariciones son delito de detención ilegal y encajan en el marco de crímenes contra la Humanidad.

La Fiscalía sostiene, por el contrario, que no es competente porque se trata de delitos de asesinato que han prescrito temporalmente y también por la Ley de Amnistía aprobada en 1977, tras la vuelta de la democracia.

El Parlamento español aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de la Memoria Histórica que condena la dictadura de Franco y fija medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil.

Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo anunciaron hoy que recurrirán la decisión "inhumana e injusta" de la Audiencia Nacional de acceder a la petición de la Fiscalía para que se paralicen las exhumaciones.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, calificó de "injusta" la decisión de la Fiscalía, y consideró "inhumano" que "no piense en las personas que llevan setenta años esperando para poder dar una sepultura digna a sus familiares".