1 de agosto de 2008
Subsecretario Harboe reveló los alcances de medida que permitirá tener control sobre el armamento que circula en manos de privados y que se empina sobre las 750 mil piezas. La iniciativa se diseñó tras verificarse que gran cantidad del armamento incautado en operativos era robado y había sido legalmente inscrito.

La última vez que se aplicó la medida fue en 1979, en pleno régimen militar. Y si en esos años la preocupación eran los grupos subversivos armados, hoy la necesidad es el control de la delincuencia común.
La Moneda se apresta a dictar un decreto con la firma de la Presidenta Michelle Bachelet que obliga a todos los ciudadanos que poseen armas de fuego en su poder (750 mil aproximadamente) a reinscribirlas ante la autoridad competente, en un trámite que será gratuito, lo más expedito posible y para el cual se dará. Como plazo tentativo, el 30 de octubre del próximo año, dos meses antes de las elecciones presidenciales 2009.
El anuncio lo hizo a La Tercera el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien explicó que "la inscripción va a ser totalmente gratuita, esa es la idea, y la modalidad como se va a hacer, va a ser debidamente informada a través de la Dirección General de Movilización Nacional (Dgmn)". Según cifras del organismo fiscalizador, actualmente existen en manos de particulares 750.637 armas inscritas por particulares: 285 mil de las cuales son para defensa personal.
ILEGALES
Según explica el personero de Gobierno, el objetivo que se persigue es tener el control de las armas que circulan en el país. La medida, que viene diseñándose desde hace unos meses, se hizo urgentemente necesaria, luego de que Carabineros aplicara este año una gran cantidad de fiscalizaciones en domicilios en los cuáles, según los registros, había armamento. Sólo en la Región Metropolitana se realizaron más de 32 mil controles.
En el 28% de los casos el arma no estaba: ya sea porque la dirección no existía, porque los dueños se habían cambiado de casa (19,7%), porque el arma había sido robada (1,11%), porque el dueño había fallecido (6,7%) o porque, simplemente, la casa estaba sin moradores (19%).
Pero para que la medida funcione debe aplicarse alguna sanción para quien la transgreda, la autoridad dispuso que cumplido el plazo para la reinscripción, todas aquellas piezas que no estén registradas serán declaradas ilegales y su propietario estará incurriendo en un delito por el que, incluso, puede ir a la cárcel.
"Todo el que tenga un arma legalmente inscrita, tendrá que reinscribirla, gratuitamente y bajo ciertas modalidades. Eso nos permitirá tener la certeza de cuántas armas tenemos hoy día circulando en el país", puntualizó Harboe.
Las modalidades de inscripción se definirán en el corto plazo, pero como regla general será necesaria la presencia física del arma y de su dueño. Aun así, desde ya se adelantó que se considerarán casos especiales como el de los coleccionistas que, el hecho de tener gran cantidad de armas en su poder hace riesgoso su transporte, tendrán un procedimiento alternativo.
Anticipándose a la posible reticencia de las personas afectadas por la medida y al aprovechamiento político que pueda suscitarse del tema, Felipe Harboe señaló que "el tema de la seguridad y de la paz social tiene que ser de carácter nacional. Yo espero que aquí no haya divisiones y que aquí, por estar en un proceso electoral, se adopten posiciones ideológicas y confío en que vamos a tener un debate de gran altura".
El subsecretario del Interior explicó que de lo que se trata no es de afectar los derechos de las personas a tener un arma de fuego si así lo deciden y cumplen los requisitos para hacerlo. "Se trata de defender los derechos de la gran mayoría de la gente que quiere vivir tranquila, sin violencia y, obviamente, con menor riesgo".
Harboe precisó que existe el convencimiento de que "mientras menos armas tengamos en poder de la sociedad civil, menos niveles de violencia vamos a tener".