Vidal por fraude al MOP: "Lo que nos interesa es que cuando hayan sinvergüenzas sean detectados"

En tanto, hubo un receso pedido por la Fiscalía, lo que retrasó la formalización de los funcionarios detenidos.

La Tercera.com

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A las 10:00 horas de esta mañana comenzó la formalización en Rancagua de los cinco detenidos que ayer dejó las diligencias realizadas por la fiscalía de la VI Región y la Policía de Investigaciones (PDI), a raíz de una investigación por fraude al Fisco y asociación ilícita. Sin embargo, la Fiscalía pidió una prórroga de la audiencia, para afinar algunos detalles de la investigación.

A las 14:00 horas de esta tarde se reanudó la audiencia de formalización de cargos, después de un receso para afinar algunos antecedentes dentro del expediente de la investigación.

Respecto a este tema, el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, dijo esta mañana que "lo que nos interesa es que cuando hayan sinvergüenzas sean detectados, porque estos no pasan piola".

"Lo relevante en este caso es la conducta excepcional que tuvo en su minuto la ex seremi de Obras Públicas, Beatriz Valenzuela, porque fue ella con el respaldo del entonces ministro (Eduardo) Bitrán que, a la sospecha o al olfato de que 'huele a podrido', actuó", destacó el protavoz de La Moneda.

Ayer, y en una operación simultánea, allanaron las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la firma constructora Pilén, en las ciudades de Arica, Rancagua y Santiago. También se allanaron dependencias de la firma Pilén y de su subcontratista Cigda en las tres ciudades. Tras ello, quedaron detenidos su propietario, Miguel Vásquez, y su esposa, Ingrid Ducross. También fueron arrestados el inspector fiscal a cargo de la supervisión de los contratos entre la cartera (VI Región) y la firma, Patricio Agurto, y Aldo Rossi, jefe regional de Conservación de Caminos.

A ellos se sumó David Arroyo, funcionario de Pilén acreditado en la cartera como residente y que era proveedor directo de arriendos de maquinaria en la VI Región.

El fiscal de la VI Región, Roberto Díaz, dijo que se detectó un perjuicio fiscal por $5.000 millones, a consecuencia de abultamiento de contratos de obras. "En principio es fraude al Fisco y asociación ilícita. Estamos hablando de un perjuicio fiscal de $ 5.000 millones". Díaz explicó que el delito radica en que la firma "se adjudicaba contratos de conservación de caminos y no los ejecutaba o los ejecutaban otras empresas".