La diputada socialista Denise Pascal junto al concejal por Peñaflor Jorge Navarrete y el abogado Roque Montenegro, presentó hoy un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de San Miguel, denunciando la "hostilización" por parte de la municipalidad de dicho lugar, contra un grupo de familias comerciantes de El Trapiche.

Según se informó, esta gente llevaba tiempo en el lugar ejerciendo el comercio mientras funcionaba como balneario antes de ser clausurado para la supuesta creación de un parque.

El hecho provocó que no se le renovaran las patentes municipales con las que contaban hasta junio pasado, por lo que quedaron sin fuentes de ingreso.

Tras este hecho, se denunció que funcionarios de la municipalidad han estado detrás del trabajo de una retroexcavadora que horadó la entrada al recinto donde tienen sus viviendas, además de cortes de luz y agua.

"Es inhumano que se hostilice de esa forma a esas personas para que abandonen el lugar, violando sus derechos constitucionales y sin ofrecerles o ayudarlos a encontrar alguna solución habitacional", reprochó la parlamentaria.

Agregó que el alcalde de Peñaflor, Manuel Fuentes (UDI), debe "ceñirse a la legalidad".

"Si quiere erradicar a esas familias (debe) ofrecerles alternativas a gente que toda su vida ha trabajado honestamente en el lugar", recalcó.

Cecilia Venegas (42) vive y trabaja hace cinco años en el sector en una cervecería. La mujer comentó que son cuatro familias las que se ven afectadas con esta "hostilización" por parte del municipio, y que existe una que cuenta con un negocio de más de 40 años.

Según dijo, el alcalde no los ha querido recibir, y no han tenido algún tipo de explicación de por qué se les quiere, aparentemente, sacar del recinto.

"(Del municipio) lo único que han mandado a hacer son amenazas, amenazas. Traen gente a hacer excavaciones, nos cortaron la luz de la calle. Ahora llegamos de la Corte (de Apelaciones y) no tenemos agua. Ni siquiera avisan (de lo que van a hacer)", manifestó.

El recurso presentado busca "salvaguardar el derecho a no sufrir apremios ilegítimos, a la integridad psíquica, a la vida privada y a la inviolabilidad del hogar".