El ministro de fuero Jorge Zepeda dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el homicidio calificado de Miguel Angel Becerra Hidalgo, ocurrido entre el 26 y 29 de julio de 1974, al interior de la ex Colonia Dignidad, en la Región del Maule.

El magistrado determinó las sanciones que se detallan por el homicidio del Becerra Hidalgo, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo cuerpo apareció en las cercanías de la localidad de Catillo, con signos de envenenamiento.

Las condenas para Paul Schaefer Schneider dictó siete años de presidio efectivo por su responsabilidad como autor de homicidio calificado; Kurt Schnellenkamp Nelaimischkies a 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por su responsabilidad como encubridor de homicidio calificado; Rudolf Collen Frankowsky, 541 de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, por su responsabilidad como encubridor de homicidio calificado.

Asimismo, el ministro Zepeda determinó que los tres condenados deben pagar solidariamente una indemnización total de 170 millones de pesos a los nueve querellantes en el proceso, todos familiares de la víctima, que se detalla de la siguiente forma:

Para las familias de María Olivia Monsalve Ortiz, Paula Carolina Becerra, Néstor Daniel Becerra Monsalve, Juan Carlos Becerra Monsalve, Alejandro Antonio Becerra Monsalve y Jovita Yérsika Becerra Monsalve indemnizarán con 10 millones de pesos para cada uno de ellos.En el caso de Elena Rosa Becerra Hidalgo y Arístides Humberto Becerra Hidalgo, con cinco millones de pesos.

En el caso de Miguel Ángel Becerra Monsalve, el tribunal indemnizará a la familia del afectado con cien millones de pesos.

El magistrado rechazó la demanda interpuesta en contra del Fisco de Chile, por considerar que la reparación se encontraba satisfecha con una serie de beneficios, que han recibidos los familiares de la víctimas.

Esta es la tercera arista de la investigación que concluye con sentencia, de una serie de delitos que se investiga al interior de la ex Colonia Dignidad.

En el episodio por infracción a la ley de Control de Armas, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva el pasado 2 de julio; en tanto, en la investigación por apremios ilegítimos por el suministro de medicamentos a miembros del enclave, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia el 10 de julio, y la causa se encuentra con recurso de casación pendiente en el máximo tribunal.