"Nunca he dado fe de un hecho que no me consta", asegura tajante el diputado PS Iván Paredes. En medio de la polémica por un eventual fraude en la entrega de beneficios a los exonerados, el parlamentario asume como "normal" que distintas autoridades ayuden a certificar la condición de quienes fueron marginados de sus trabajos en el régimen militar.

El martes, el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados Políticos, Raúl Celpa, apuntó contra Jaime Naranjo, a quien acusó de hacer uso político de la ley de exonerados. El senador PS contrarrestó la denuncia y aseguró que en su oficina parlamentaria ha "orientado a la gente sobre cómo postular". "Mis secretarios ayudaron a llenar los formularios a muchos campesinos que no sabían escribir", aseguró.

Según la Ley 19.234, de 1993, la condición de exonerado debe acreditarse mediante cualquier decreto o resolución que dé cuenta de la actividad política que realizaba el individuo. Y ante la posibilidad de que dichos documentos no existieran, se permitía la presentación de un instrumento que certificara el móvil político que motivó la exoneración. En ese contexto, varias políticos ofrecieron sus testimonios escritos para respaldar los antecedentes de los exonerados.

En el oficialismo descartan irregularidades. El diputado DC Sergio Ojeda -que al igual que Paredes integra la Comisión de DD.HH.- asegura que "muchos parlamentarios" realizaron gestiones similares en los '90.

"Los exonerados se acercaban a pedir certificaciones y uno lo hacía cuando conocía al que se lo pedía", sentencia.