El Gobierno peruano lamentó hoy la sanción impuesta por la FIFA al fútbol nacional, pero adelantó que no intervendrá para buscar una solución al problema, dijo el presidente del estatal Instituto Peruano del Deporte (IPD), Arturo Woodman.

El máximo dirigente estatal del deporte declaró a EFE que la sanción fue "resultado de la intransigencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de no querer aceptar las leyes peruanas".

Woodman mantuvo su postura de rechazar la jefatura del presidente de la FPF, Manuel Burga, y dijo que son las asambleas de bases del fútbol las que deberán cambiar al directorio de esa Federación.

La FIFA anunció hoy la suspensión a la FPF de sus competiciones internacionales y señaló que analizará en diciembre una sanción definitiva ante el conflicto que mantiene esta entidad con el Gobierno del país andino.

El secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el argentino Eduardo Deluca, dio a conocer hoy la sanción, impuesta a raíz del conflicto entre el IPD y la FPF, enfrentados desde que Burga fue sancionado por cinco años en 2006.

Esa sanción se le impuso por no haber adecuado los estatutos de la Federación a la Ley del Deporte en Perú, a pesar de lo cual el dirigente volvió a ser elegido en el cargo en octubre de 2007.

En opinión de Woodman, "la decisión que toma la FIFA es desafiliar a Perú, es decir, en lugar de apoyar el desarrollo del fútbol peruano, para defender a una persona sacrifica a todo un país".

El dirigente añadió que el IPD no puede intervenir en el caso y recordó que la suspensión impuesta a Burga está actualmente en el Poder Judicial.

Woodman reiteró que la FPF "no puede ser oficializada porque no ha sido aceptada en el registro (público)", por lo que son las bases del fútbol "las que tienen que intervenir y tratar de resolver el problema".

"Ellos no pueden firmar ningún documento dentro del país, son cosas que no están dentro de nuestro alcance, las bases, que son las perjudicadas por la actitud que toma su presidente, son las indicadas para intentar conseguir una solución", remarcó.

Woodman enfatizó que si el Poder Judicial ordena la suspensión del castigo impuesto a Burga, el IPD no aceptará su permanencia en el cargo, sino que se convoque a nuevas elecciones, a las que podrá presentarse el dirigente.

"No lo legitimaremos, será sólo un paso porque la ley no es retroactiva, él estaría en condiciones de poder participar en una elección nueva", aseguró el presidente del IPD.