Un viaje relámpago a Santiago realizó ayer el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, quien hizo un alto en sus vacaciones en Villarrica para asistir a la reunión con el comité político de La Moneda.
En medio de la preocupación por el desempleo, el objetivo del diputado DC era poner un nuevo tema en la agenda estival: una reforma constitucional que elimine las trabas que tiene el Estado para poder intervenir en empresas en crisis.
A diferencia de la legislación que existía antes del gobierno militar, la Constitución de 1980 estableció que el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales "sólo si una ley de quórum calificado los autoriza". A juicio de algunos en la Concertación, el texto es un cerrojo ideológico para no reeditar episodios de intervencionismo ocurridos en el gobierno de la Unidad Popular.
Sin embargo, en el oficialismo estiman que el escenario mundial ha cambiado. De hecho, ayer, Latorre puso como ejemplo las medidas implementadas en Estados Unidos y Francia para rescatar compañías en quiebra.
"No puede ser que Chile sea un país que tenga limitaciones para poder intervenir directamente y evitar la quiebra de empresas, que son tremendamente importantes", dijo el diputado. Explicó que no se trata de promover la intervención por meras razones ideológicas y precisó que el objetivo es permitir que el Estado actúe en casos puntuales para cautelar el empleo.
En la cita -donde estaba el vicepresidente Edmundo Pérez, el presidente radical, José Antonio Gómez, el secretario general del PS, Marcelo Schilling, y los ministros (S) Edgardo Riveros y Neftalí Carabantes- hubo una reacción favorable. Aunque sí le pidieron a Latorre que hiciera el planteamiento formal por escrito.
En respuesta, el jefe de la DC dijo estar trabajando un texto con un grupo de juristas y economistas de su partido para entregarlo en marzo.
"Es una idea interesante. Es una realidad que la Constitución de 1980 rigidiza el actuar del Estado y eso se refleja en momentos de crisis. Es un planteamiento que merece ser estudiado", dijo ayer el ministro (S) Riveros. En tanto, Gómez apoyó la iniciativa y dijo que su partido "siempre ha planteado esa idea".
No obstante, pese a la acogida, en el oficialismo existen dudas sobre la postura que asumirá Hacienda, que ha tenido reparos a temas como la AFP estatal.
En la Alianza sólo hubo rechazo a la propuesta. El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, catalogó la propuesta como "un retroceso" y sugirió que podría ser "una de las condiciones" que puso el PCpara sumarse a un pacto con la Concertación.
El senador UDI Hernán Larraín, dijo que es una vuelta "al estatismo que ya fracasó".
El timonel de RN, Carlos Larraín, sostuvo que "estaríamos llegando a los primeros días de la UP". Mientras que el diputado Nicolás Monckeberg dijo que la medida sólo beneficiaría "a los operadores de siempre de la Concertación, que van a ir a conseguir una asesoría o un contrato ficticio".