La oposición peruana, liderada por el Partido Nacionalista de Ollanta Humala y con la colaboración indirecta del ex Presidente Alejandro Toledo, ha arremetido contra el Tratado de Libre Comercio con Chile, que acaba de entrar en vigor, poniendo en duda su legitimidad constitucional. Este pacto fue suscrito por Alan García y Michelle Bachelet en 2006, quienes acordaron que comenzará a regir el 1 de marzo de 2009.

Un total de 34 congresistas presentaron una acción legal ante el Tribunal Constitucional, mientras que el gobierno de García ha defendido el acuerdo comercial atribuyendo esta actitud a una utilización política de dicho convenio. El gobierno también advirtió que la campaña opositora puede favorecer a Chile en el Tribunal de La Haya, que verá el asunto de la frontera marítima a pedido peruano.

El principal argumento de la oposición es que el TLC debió ser aprobado por el Congreso, ya que así lo establece el artículo 56 de la Constitución, según el cual el Poder Legislativo debe validar los tratados que tengan que ver con asuntos de soberanía. 

Las críticas de la oposición chocan con dos obstáculos. Primero, el artículo 56 de la Constitución sólo establece que la aprobación del Legislativo es necesaria en tratados relacionados con los derechos humanos, la soberanía, la defensa nacional y las finanzas del Estado. No menciona acuerdos comerciales y el TLC es un convenio eminentemente comercial. En segundo lugar, en 2006, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó por unanimidad la legalidad del acuerdo, afirmando que no era necesaria la aprobación legislativa.

El canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, respondió ayer desde El Cairo a los detractores que sostienen que el TLC se refiere al territorio nacional, explicando que sólo define el territorio para efectos comerciales, por ejemplo, en relación con el lugar donde se originan los productos comercializados, y no de manera general. Precisamente por ello, el canciller dijo que los argumentos de la oposición pueden acabar favoreciendo la postura chilena en La Haya, abriendo las puertas a que se diga que "cualquier acuerdo no es sólo para lo que fue hecho, sino que puede interpretarse de una manera más general". Con ello se refería a que la posición chilena en el diferendo limítrofe marítimo justamente sostiene que los convenios pesqueros de 1952 y 1954 suponen una aceptación de la frontera marítima, dándoles a dichos acuerdos pesqueros una interpretación general.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, añadió que en el acuerdo se incluyó, para mayor seguridad, una referencia explícita a que el Tratado de 1929 y sus protocolos complementarios prevalece sobre el propio acuerdo comercial.

Ayer, tratando indirectamente de reforzar su posición en términos políticos en esta materia, García anunció la suscripción de un memorándum con Chile para proteger los derechos de los trabajadores migrantes independientemente de su estatus legal.

La oposición, aun cuando casi con toda seguridad será derrotada en el Tribunal Constitucional, está claramente dispuesta a sacarle el mayor partido político a este enfrentamiento, en un contexto en el que las aspiraciones presidenciales para los comicios de 2011 empiezan a insinuarse.