La próxima semana ingresará al Congreso el proyecto de ley para regular las elecciones primarias, que dentro de sus ejes contempla el financiamiento del Estado y la calendarización de un día para que, simultáneamente, todos los partidos o coaliciones puedan realizar este tipo de comicios.
Se trata de un procedimiento voluntario para definir candidatos a concejal, alcalde, parlamentario y a Presidente. Pero los resultados serán vinculantes a quienes acepten someterse al mecanismo.
Aunque el punto figuraba en el programa de gobierno de Bachelet, la propuesta de legislar sobre primarias fue levantada por una inusual alianza de los centros de pensamiento Libertad y Desarrollo (vinculada a la UDI) y Proyectamérica (integrada por figuras del oficialismo).
Tras un trabajo de expertos de ambos institutos, el borrador del proyecto fue presentado al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien se allanó a estudiarla. Finalmente, la iniciativa fue acogida en casi todos sus planteamientos, incluyendo la fijación de un día para elecciones primarias universales.
Según el texto que enviará La Moneda al Congreso, será atribución del Servicio Electoral organizar y convocar a estos comicios. Para ellos, los partidos o coaliciones deberán informar al Servel meses antes de que venza el plazo de inscripción de candidaturas de su interés en medirse en primarias. En el caso de precandidatos presidenciales, el plazo para informar de sus aspiraciones sería nueve meses antes de las inscripciones, es decir, un año antes de las elecciones de diciembre.
Sin embargo, el punto más complejo del proyecto es el financiamiento, ya que no siempre los partidos requerirán de comicios primarios para resolver sus postulantes.
Inicialmente, la idea del Ejecutivo es que se irrogue el gasto a reasignaciones del presupuesto del Ministerio del Interior y si faltase, con cargo a la partida del Tesoro Público.
En el oficialismo se habla de fijar un rango de presupuesto, aunque el Ministerio Hacienda -que generalmente pide certezas de cuánto dinero se va a necesitar- aún no dice la última palabra, ya que todavía no culmina el informe financiero del proyecto. Despejado ese punto, en el gobierno creen que la tramitación avanzaría rápidamente, pese a ser una reforma de corte político.
Según afirman en La Moneda, el proyecto cuenta con el respaldo de dos institutos -uno de oposición y otro oficialista- y estiman que es una ley que no estará contaminada por la coyuntura política, porque las candidaturas presidenciales ya están definidas.
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