En el gobierno lo atribuyeron a un lapsus verbal. Nada más. El miércoles pasado, en una entrevista radial, la Presidenta Michelle Bachelet se abrió a incluir casos de ex militares condenados por casos de derechos humanos en la propuesta de indultos que prepara la Iglesia con motivo del Bicentenario. Horas después, intentó aclarar sus palabras, al día siguiente le pidió a la vocera Carolina Tohá que retrocediera en forma más explícita y el viernes, enterró la iniciativa durante una visita a la comuna de Diego de Almagro, en la Tercera Región.
La Presidenta había sido más dura en agosto de 2005, en plena campaña, cuando se enteró de la polémica decisión que había adoptado el ex Presidente Ricardo Lagos: indultar al suboficial (R) Manuel Contreras Donayre, condenado por el asesinato al líder sindical Tucapel Jiménez. El beneficio a un militar era una medida inédita desde 1990: Patricio Aylwin lo había intentado sin resultados, al igual que Eduardo Frei, quien, a través de la ley Figueroa-Otero, buscó restringir las investigaciones judiciales. Este caso, además, involucraba un crimen emblemático del régimen militar, que tardó 20 años en ser resuelto.
Casi cuatro años después, al reconstruir la historia, las versiones de los actores que participaron en la trama del indulto siguen siendo confusas y contradictorias.
LISTA CORTA
El indulto al Contreras Donayre se filtró la segunda quincena de agosto de 2005. A esa altura, en una villa de La Florida, el especialista en inteligencia (con más de 20 años de experiencia en contraespionaje y una misión en las Islas Malvinas para detectar la infiltración de espías argentinos, en 1982) llevaba tres semanas resguardando su identidad ante sus vecinos: sólo salía a la calle para comprar alimentos y buscar a sus hijas a la escuela.
La decisión de Lagos no fue comunicada a los partidos ni a la familia de Jiménez, que reaccionó con fuerte malestar al enterarse: Contreras Donayre jamás había confesado el crimen y nunca colaboró para que se esclareciera. El ex Presidente, sin embargo, no improvisaba al otogar la libertad vigilada al suboficial (R) 28 meses antes de que cumpliera su condena de ocho años.
Un alto ex colaborador de Lagos sostiene que el beneficio fue el término de reservadas conversaciones que encabezó el vocero Osvaldo Puccio -en representación de Lagos- con el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.
Lagos había comenzado a pensar en la idea de otorgar un indulto en mayo de ese año, convencido de que debía hacer un potente gesto a Cheyre, que se jugó por separar al Ejército de la figura de Pinochet, reconoció la responsabilidad de la institución en violaciones a los DD.HH. y colaboró para resolver los crímenes del régimen militar. El ex Presidente, además, deseaba dejar despejados o al menos encausados los temas pendientes de una larga época del país, que se inició el 11 de septiembre de 1973.
Así, de acuerdo con esa misma versión, Puccio le pidió a Cheyre una lista corta de militares -tres o cuatro- que fueran potenciales beneficiarios de indulto. Las condiciones eran tres: que el implicado fuera un subalterno, que no hubiese participado en la planificación del crimen y que hubiera cumplido buena parte de su condena. Cheyre, de acuerdo con las mismas fuentes, escogió el caso de Tucapel Jiménez, que calzaba con esos criterios. Y Contreras Donayre fue el primero de la lista.
En el Ejército y entre los cercanos a Cheyre, sin embargo, niegan haber pedido el indulto del suboficial. Y señalan que el indulto de Contreras Donayre era una suerte de "punta de lanza" de Lagos, que buscaba medir qué oportunidad había de beneficiar a otros militares.
Contreras Donayre no ha despejado el misterio: hasta hoy ha guardado total silencio.
EL INDULTO FALLIDO
En el gobierno existieron fuertes contradicciones para explicar el indulto. El entonces ministro del Interior, Francisco Vidal, sostuvo que la decisión presidencial había sigo un "gesto planificado". Puccio, en cambio, atribuyó la medida a una definición del Ministerio de Justicia y negó que se tratara de un indulto. En privado, el gobierno argumentaba razones de salud de Contreras Donayre. Pero en Gendarmería lo descartaban.
Un ministro de la época contó en esos días que uno de los problemas del gobierno fue de carácter comunicacional. "No supimos explicarlo".
Otro personero del gobierno de Lagos, que conoció de cerca el proceso señala que tras el indulto a Contreras Donayre venía el de Carlos Herrera Jiménez, autor material del crimen. El mayor (R), señala, también había cumplido parte de la condena.
Y, a diferencia del suboficial, había colaborado para esclarecer el asesinato, por lo que otorgarle el beneficio también constituía un estímulo para otros militares.
El indulto a Herrera Jiménez, sin embargo, se frenó luego de hacerse público el beneficio a Contreras Donayre y el diputado Tucapel Jiménez, hijo del fallecido líder sindical, protestó con dureza. Jiménez, de hecho, rechazó una invitación de Lagos a conversar a La Moneda tras un tenso diálogo telefónico.
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