A la Contraloría General de la República no le compete la fiscalización de los contratos entre privados, señaló esta tarde la máxima autoridad de la entidad, Ramiro Mendoza.

En el marco de su visita en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar Transantiago, el Contralor dijo que sólo le compete fiscalizar las autorizaciones relacionadas con las decisiones estatales y no privadas, según informa el sitio web de la Cámara.

"Estas figuras que suponen la participación indirecta del Estado en su construcción, que son autorizadas por ley y que, en seguida, no tienen modo de control, porque se entiende que son privadas, nos generan entes degenerativos que el día de mañana hacen que sea muy difícil el ejercicio de la fiscalización por parte nuestra", expresó Mendoza.

En este sentido, la autoridad sostuvo respecto a la medida del 2% constitucional destinado por el Ejecutivo para financiar el déficit del sistema de transporte público, que "hicimos la aclaración que los recursos del 2% tienen que gastarse para los efectos estrictos que considere el articulo 32 de la Constitución, es decir, sólo para evitar la paralización de los medios de transporte del Transantiago".

A su juicio, la medida tiene la salvedad de que se refiere a la Ley de Presupuesto vigente y "en consecuencia, entendíamos que el gasto de ese 2% no podían sobrepasar el 31 de diciembre del 2008".

Ramiro Mendoza informó que la entidad formó una comisión que está revisando cada decisión de gasto que conlleva la aplicación de ese 2% constitucional, y que "seguramente esta comisión va a dar lugar a un informe de auditoría, porque tenemos que transmitirle a la sociedad civil, mediante un instrumento formal, que la revisión de esos recursos se hizo y que el gasto de esos recursos fue bien o mal hecho".

La comisión investigadora presidida por el diputado Carlos Olivares, reanudó su sesión a las 16 horas para recibir al ,inistro de Hacienda Andrés Velasco.