Un nuevo flanco de incertidumbre se abrió para el gobierno en su intento por regularizar el financiamiento del Transantiago. Ayer, el contralor Ramiro Mendoza lanzó una advertencia respecto del uso del 2% constitucional, al que La Moneda recurrió en septiembre pasado para cubrir el déficit del sistema de transporte capitalino.

Ante la comisión de la Cámara que investiga el préstamo del BID que fue impugnado por el TC, Mendoza dijo que la utilización del mecanismo no podía sobrepasar el 31 de diciembre de este año. Y que la renovación de ese instrumento para el 2009 podría traer complicaciones.

"Si la autoridad va a pedir un 2%  global, hasta una determinada cifra, por todo el año 2009, a lo mejor a nosotros nos complica en serio", señaló el contralor.

Durante las dos horas y media que compareció ante la instancia legislativa, Mendoza también detalló las razones de una eventual impugnación al nuevo uso del 2% constitucional.
 
"La captura del 2% frente a un país que es persistentemente golpeado por catástrofes y sismos... en realidad nos deja en una situación de desequilibrio", remarcó el contralor, quien luego advirtió sobre el peligro de transformar una situación extraordinaria "en un régimen ordinario de financiamiento".

El análisis de Mendoza fue recibido con cautela por el gobierno. El ministro de Hacienda, Andrés Velasco -quien asistió por la tarde a la comisión investigadora-, descartó detallar la fórmula a la que se recurrirá el próximo año, aunque destacó que "se buscarán todos los mecanismos para garantizar" el servicio de transporte.

El cuestionamiento de Mendoza ocurre en momentos en que el gobierno ha agotado sus gestiones ante la Alianza para aprobar una ley que otorgue un financiamiento permanente para el Transantiago. En el Congreso, las negociaciones con la Alianza están circunscritas a la comisión ampliada de Transportes del Senado, donde René Cortázar ha contado con la dura oposición de Andrés Allamand (RN) y Jovino Novoa (UDI).

INVESTIGA ACTUAL USO DEL 2%
Ante los diputados, Mendoza confirmó que Contraloría tiene a un equipo especial destinado a indagar el uso que el Ejecutivo les da a los 245 millones de dólares que ha gastado por concepto del 2% constitucional.

El contralor no avaló las denuncias de parlamentarios de la Alianza, que aseguran que el gobierno está pagando los intereses del préstamo del BID con el instrumento constitucional. Pero sí advirtió que está a la espera de un informe aclaratorio del Ministerio de Transportes.

Desde la cartera aseguran que la deuda -que supera los 92 millones de pesos por día- se cancela con los dineros percibidos diariamente por concepto de tarjetas bip!

Lo que analiza Contraloría, según Mendoza, es cuán legítimo es abultar el déficit de la cuenta de reembolso, si de todas formas significará un incremento de los recursos que emanan desde el 2% constitucional.