El gobierno descubrió en los últimos días tres nuevos errores en la lista oficial de 1.183 detenidos-desaparecidos. Los casos se detectaron en medio de las investigaciones iniciadas después del escándalo que se produjo a mediados de noviembre, cuando se supo que otro integrante de la nómina, Germán Cofré Martínez, se encontraba con vida y residía en Argentina.

El tema ha sido tratado bajo gran hermetismo entre personeros del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Gobierno.

El Registro Civil -encargado después del caso de Germán Cofré de investigar la autenticidad de los nombres de la lista-, le comunicó al gobierno las nuevas anomalías en un detallado informe.

Fuentes de gobierno señalaron que el primer nuevo caso es el de una mujer -cuyos parientes recibieron los beneficios destinados a los familiares de detenidos desaparecidos- que falleció en la década del 50, más de 20 años antes del golpe militar.

El segundo caso involucra a un hombre dado por muerto en manos de los aparatos de seguridad del régimen militar, pero que en realidad se trasladó a Argentina. Trascendió que se tiene registro de que esta persona se encontraba con vida por lo menos hasta "hace poco tiempo" y cuyo paradero actual  se está investigando.

El tercero es el de un supuesto indigente que murió poco después del golpe, pero en circunstancias completamente ajenas a los hechos de violencia registrados tras el 11 de septiembre de 1973.

Las fuentes que revelaron los nuevos errores a La Tercera señalaron que en uno de estos casos existe un fuerte agravante: funcionarios de gobierno habían sido alertados, aproximadamente el 2005, de que no se trataba de un detenido desaparecido. Inicialmente se le retiraron los beneficios a su familia. Sin embargo, tiempo después, tras gestiones de sus parientes, se les restituyeron.

Ese agravante, sumado al alto costo político que se prevé por los nuevos errores, ha llevado a La Moneda a manejar los casos con extremo sigilo. Las fuentes consultadas por este diario no entregaron detalles sobre la identidad de los nuevos falsos detenidos desaparecidos, argumentando que la orden en el gobierno era mantener la mayor discreción.

La Presidenta Michelle Bachelet ya fue informada y el tema está radicado en el Ministerio del Interior. Las gestiones están a cargo del subsecretario del Interior, Patricio Rosende.

En las últimas 24 horas el gobierno empezó a diseñar un plan comunicacional y legal para dar a conocer los nuevos casos. La idea era divulgar la noticia en los próximos días, en medio de las celebraciones de fin de año.

El principal temor, según fuentes de gobierno, es "no dar argumentos para que sea deslegitimado el trabajo de las organizaciones encargadas de investigar lo ocurrido con las víctimas de violaciones a los derechos humanos".

Otro objetivo es aplacar las críticas que van a surgir respecto de la eficiencia en el manejo del tema.

Lo que más complica es el caso del falso detenido desaparecido que, pese a haber sido detectado en el 2005, su familia siguió recibiendo las indemnizaciones establecidas por ley para las víctimas de la represión política en los años del régimen militar.
 
De acuerdo a las fuentes gubernamentales, las investigaciones del Registro Civil sobre la nómina de desaparecidos han sido exhaustivas y es "muy difícil" que se detecten nuevas anomalías. Sin embargo, señalan que a estas alturas no se puede descartar algún otro error.