El gobierno se comprometió hace poco más de un año a enviar en 2008 la reforma a la Ley Reservada del Cobre. La decisión, que incluso fue incorporada en el protocolo del presupuesto del año que recién pasó, contrastó con la última apuesta de La Moneda: tomarse un plazo adicional para elaborar el proyecto.

El interés por reformar este cuerpo legal -que entrega el 10% de las ventas de Codelco a las FF.AA. para sus compras de armamento- ha sido una antigua aspiración de la Concertación. En los últimos meses, de hecho, las bancadas oficialistas lanzaron una fuerte ofensiva para que la Presidenta Michelle Bachelet transformara en ley uno de los puntos de su programa de gobierno.

Las razones para explicar el retraso son varias. Una de ellas, difundida por altas fuentes del Ejecutivo, apunta a que era preferible postergar el debate para que no apareciera vinculado a las declaraciones del canciller peruano José García Belaúnde. El ministro cuestionó en diciembre la demora de La Moneda para despachar la ley.

"Creo que (Chile) haría bien (en derogar la Ley del Cobre), porque evidentemente esa compra de armamento preocupa", afirmó.

Los dichos de García Belaúnde, que fueron considerados en Chile como una intromisión en asuntos internos, se dieron después de que el gobierno pidiera la destitución del ex jefe del Ejército peruano Edwin Donayre.

Así, altas fuentes del Ejecutivo señalaron que al igual que Perú, que desoyó las peticiones de Chile, tampoco era oportuno que La Moneda apareciera cediendo a presiones externas por la Ley del Cobre.

EL OTRO FACTOR
En el oficialismo han rechazado la demora del proyecto y la atribuyen a diferencias entre los ministros José Goñi (Defensa) y Andrés Velasco (Hacienda). En el edificio Diego Portales abogan por reemplazar el mecanismo de asignación directa de recursos a las FF.AA. por uno que permita al Congreso discutir la asignación de un presupuesto plurianual (de varios años) para la compra de armamentos.

Sin embargo, en Teatinos 120 se oponen a un sistema que comprometa recursos a largo plazo. Y la Presidenta aún no dirime la pugna.

Al respecto, el diputado de la Comisión de Defensa de la Cámara Patricio Hales (PPD) dijo que "la dificultad del proyecto no tiene nada que ver con Perú. Simplemente está trancado en Hacienda, porque se niega a una modalidad flexible".

Su par DC Renán Fuentealba, que también integra la instancia, añadió que "hay un impasse entre Hacienda y Defensa y ese es el motivo por el cual el gobierno no ha podido enviar el proyecto al Congreso".

En este contexto, el ministro Goñi y el subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, han sostenido conversaciones con parlamentarios para plantearles el nuevo escenario que enfrenta el gobierno, al que se añade la crisis económica.

La elaboración del anteproyecto, en todo caso, no ha estado ajena a polémicas internas. Las FF.AA., de hecho, expresaron hace algunos meses su preocupación por la reforma.

En Perú, en tanto, se anunció ayer que el gobierno de Alan García planea invertir US$ 650 millones hasta 2011 para mejorar la capacidad operativa de sus FF.AA.

"Es una de la prioridades  la potenciación de las Fuerzas Armadas para el 2009. Sin embargo, no podemos decir qué compras realizaremos, por cuestiones de seguridad", señaló el ministro de Defensa peruano, Antero Flores Aráoz.

En paralelo, García Belaúnde afirmó ayer al diario El Comercio que pese a los incidentes del 2008 confía en que las relaciones entre Lima y Santiago serán fluidas en 2009.