El 11 de diciembre, Patricio Rosende recibió en su despacho un llamado del ministro Edmundo Pérez Yoma informándole su designación como nuevo subsecretario del Interior. Ese mismo día, Felipe Harboe le pondría al tanto de la investigación dispuesta por la cartera a raíz del falso detenido desaparecido Germán Cofré, descubierto a mediados de noviembre.

El tema no tardaría en acaparar su atención. Cuatro días después de asumir su cargo recibió el informe final preparado por el programa de Derechos Humanos, en que se alertaba de tres nuevos casos de errores en la calificación de víctimas del régimen militar. Con ello quedó al frente de uno de los escándalos más delicados y sensibles para el gobierno de Bachelet.

Su llegada a la subsecretaría ya había sido conflictiva por otra razón:  el PPD, partido en que milita desde 2002, se quejó ante La Moneda, ya que su nominación dejó fuera la terna propuesta por la tienda.

En La Moneda comentan que estos dos factores han dificultado el desembarco de Rosende en una repartición altamente compleja por la gran cantidad de organismos dependientes y su multiplicidad de funciones. Se calcula que en estas tres semanas ha sostenido entre 10 a 12 reuniones y audiencias diarias en jornadas de más de 12 horas.

El propio Rosende ha reconocido los agitados días que ha debido enfrentar y el drástico cambio que en su dinámica de trabajo supuso su nuevo cargo respecto de sus antiguas funciones en la Segpres, donde el abogado de 45 años, ex militante del Partido Liberal, debía promover los proyectos del gobierno en el Congreso y mantener vínculos con las iglesias Católica y Evangélica.

La semana más crítica vendría en vísperas de Navidad. Tras constatar la existencia de los tres nuevos casos y tomarse tres días para cotejar los antecedentes, alertó de la situación a Pérez Yoma y al ministro de la Segegob, Francisco Vidal, quienes, a su vez, informaron a la Presidenta.

Con ellos Rosende tomó la desición de transparentar la información y activar un plan de contingencia, que involucró la contratación de abogados externos al gobierno -Juan Pablo Hermosilla y Samuel Donoso- y la presentación de recursos judiciales para cancelar definitivamente el pago de beneficios a los familiares de las falsas víctimas.

Paralelamente, Rosende y su equipo diseñaban un plan de contingencia para enfrentar los disturbios que pudieran darse este fin de semana en la Araucanía, por el primer aniversario de la muerte del joven estudiante y activista mapuche Matías Catrileo, en un confuso enfrentamiento con fuerzas policiales.

Pese a que esta semana la labor de la subsecretaría también se vio conmocionada con el asesinato del empresario Mauricio Saba, en la cartera apuestan a que más allá de estos episodios se imponga una agenda destinada a vigorizar temas de seguridad.