El ministro José Antonio Viera-Gallo se paró abruptamente de su silla y abandonó en completo silencio la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La escena evidenció el duro golpe que diputados de la DC y del PS dieron a las intenciones de La Moneda de implementar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias la reforma constitucional que permitía la inscripción automática y el voto voluntario.

La iniciativa debía votarse mañana en la sala de la Cámara Baja, y hasta la semana pasada -luego que el Senado la aprobara con los votos de los senadores socialistas y demócratacristianos- el Ejecutivo sacaba cuentas alegres ante la posibilidad de que 3,8 millones de personas se integraran al padrón electoral.

Sin embargo, el escenario cambio inesperadamente para La Moneda, cuando esta tarde en la sesión  de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia las bancadas del PS y la DC manifestaron que votarían en contra del voto voluntario haciendo peligrar la aprobación de la reforma en la sala de la Cámara.

En este escenario, los diputados Marcelo Schilling (PS) y Jorge Burgos (DC), integrantes de la comisión, se manifestaron a favor de quitar la calificación de suma urgencia a la iniciativa, deteniendo su discusión en el Congreso.

A pesar de que ambos sectores se comprometieron a continuar con el debate del proyecto durante el mes de enero -a la espera de recabar mayores antecedentes- en el Ejecutivo y también en el Parlamento ya dan por perdida una pronta aprobación de la reforma.

Viera-Gallo, dijo a latercera.com, que este impasse “lo único que esto hace es que se vuelva más difícil, nunca imposible, pero más difícil que se incluyan nuevos inscritos para la próxima elección, el gobierno hará lo posible, si no, tendrá que quedar para después”.

El titular de la Presidencia señaló que con  este nuevo escenario la comisión de Constitución tendría que analizar el proyecto las próxima semana para que pueda ser votado en la Sala antes del receso legislativo de febrero.

También se retrasan los plazos para que el Ejecutivo ingrese el proyecto que regula la iniciativa de ley y que en un principio iba a ser presentado la próxima semana.

El problema es que además de la reforma constitucional el gobierno debe ingresar un proyecto de ley que regule la iniciativa, y ambas medidas deben ser ratificadas por el Congreso antes de abril para que la nueva ley opere en las próximas elecciones.

Aunque en público el argumento de la DC y del PS para rechazar la propuesta fue que se requerían mayores antecedentes para justificar el cambio de obligatoriedad en el voto, en privado se señaló que ambas colectividades actuaron con "la calculadora política en las manos", ante la inseguridad que genera en la elección presidencial un nuevo padrón que incluye a 3,8 millones de electores y donde la carta presidencial de la Concertación no corre con ventaja –según las encuestas- ante el abanderado presidencial de la Alianza.