Colombia quedará a partir de este 1 de noviembre bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI), que se encargará de juzgar los delitos de lesa humanidad que se cometan en la nación, sumida desde hace más de cuatro décadas en un conflicto interno.
La entrada en el ámbito de competencias de la CPI llega tras vencerse la salvaguarda de siete años que pidió el Estado colombiano cuando aprobó su adhesión a la corte.
A partir de mañana domingo, el tribunal internacional tendrá la competencia de juzgar a las personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, como esclavitud, exterminio, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, secuestros y terrorismo, entre otros.
El tema no sólo afecta a los grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales que operan en el país, sino también a las fuerzas de seguridad colombianas, que en los últimos años se han visto envueltas en diversos escándalos por ejecuciones extrajudiciales a ciudadanos que luego fueron presentados como abatidos en combate.
El Ministerio Público reveló en julio pasado que desde 2003 abrió más de 1.600 procesos disciplinarios contra militares por ejecuciones extrajudiciales, que según organizaciones no gubernamentales superarían los 2.600 casos.
Las autoridades señalan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), activas desde hace más de 45 años, como los grupos que mayores secuestros y actos terroristas cometen en el país.
A estos hechos se suman las condenas por reclutamiento de menores que esperaran tanto a las guerrillas como a los grupos paramilitares que emergieron tras el desarme entre 2003 y 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Este es uno de los temas que más se cuestiona en el proceso de paz seguido por el gobierno con las AUC, ya que en el marco del mismo, si bien se desarmaron más de 32.000 combatientes, jamás se supo el paradero de los niños y jóvenes que integraban el grupo.
Reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indican que en Colombia unos 11.000 menores de edad han sido reclutados por los grupos armados ilegales, mientras que la organización Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994 habla de más de 14.000.
La entrada en vigencia de la CPI fue calificada este viernes como "una buena noticia" por el embajador de Colombia en los Países Bajos, Francisco Lloreda, quien indicó además que su país ve el tribunal internacional "como un aliado en el fin de combatir la impunidad de ciertos crímenes".
"Combatir la criminalidad, incluyendo la de impacto universal, debe ser un compromiso ineludible de toda nación civilizada (...) la internacionalización de la justicia penal, inherente ésta a los Estados, es vital. No para suplantarlos en su obligación de reprimir el crimen, sino para complementarlos", expresó Lloreda en Bogotá.
También organizaciones humanitarias y defensoras de los derechos humanos celebraron la entrada en competencia del tribunal con sede en La Haya. Estos grupos que creen que con la entrada en vigencia de la corte se va a disminuir la impunidad de los crímenes cometidos en el país.
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