El gobierno de Venezuela anunció el viernes la "intervención a puertas abiertas" de los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y ProVivienda (Banpro), luego de determinar que incumplieron varias normativas.
Horas después del anuncio de la medida uno de los principales directivos de los bancos, Ricardo Fernández, acudió a la policía política para aclarar el origen de sus fondos que han sido cuestionados por las autoridades financieras, dijo una fuente vinculada al empresario que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar.
Fernández se encuentra rindiendo declaración en la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), indicó la fuente.
El ministro de Economía, Alí Rodríguez, señalló en conferencia de prensa que las autoridades decidieron la "intervención a puertas abiertas" de los cuatro bancos por "un conjunto de incumplimientos" relacionados con el "aumento de capital sin especificar el origen de los fondos", de los "indices de solvencia", de "carteras dirigidas" y la "prohibición de realizar operaciones con empresas vinculadas".
El ministro explicó que es "obligatorio para las instituciones del Estado garantizar el origen de esos fondos" cuando se compran bancos y afirmó que en los casos de bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro, esa exigencia no se cumplió.
Las cuatro entidades fueron adquiridas entre septiembre y octubre por un grupo de inversionistas encabezados por Fernández, quien mantiene negocios en el área de alimentos y vende productos a la red de mercados estatales Mercal.
"Las autoridades dictaron un conjunto de orientaciones, de medidas, de exigencias, que fueron sistemáticamente incumplidas", señaló el ministro, quien consideró que la intervención del Estado permitirá "corregir los problemas que han presentado".
Rodríguez y directivos de los bancos aseguraron que a pesar de las intervenciones "las operaciones se mantienen normalmente" en los bancos.
El superintendente de Bancos, Edgar Hernández, dijo a la prensa estatal que las instituciones "desde finales del año 2008 tenían impuestas medidas administrativas por el incumplimiento de algunos de los indicadores" que implicaban prohibiciones para "distribuir dividendos entre los accionistas, darse créditos entre empresas relacionadas", y aseguró que las regulaciones fueron incumplidas.
Pero las intervenciones de los bancos y las designaciones de las juntas interventoras entraron en vigencia el viernes luego de su publicación en la Gaceta Oficial.
En el caso del Confederado, la Superintendencia de Bancos informó que incumplió las regulaciones al "conceder financiamiento con sobregiro" a Fernández, accionista del banco, y adquirir certificados de participación por unos 283,7 millones de dólares de las empresas Inverfactoring C.A. y Activos Corporativos AG.
Bolívar y Banpro también financiaron con sobregiros a Fernández y compraron certificados de Inverfactoring y Activos Corporativos AG por unos 269,76 millones de dólares y 289,76 millones de dólares, respectivamente.
Banpro incumplió una medida administrativa que tenía desde el 2008 y que le impedía comprar Canarias mientras resolvía sus problemas patrimoniales.
De igual forma Canarias desobedeció una orden de la Superintendencia al celebrar un fideicomiso con la firma Total Venezuela y ejecutar operaciones bursátiles con U21 Casa de Bolsa, empresa relacionada con el banco.
Aunque la gaceta no lo precisa, las compañías citadas tendrían nexos con Fernández y las leyes venezolanas prohiben otorgar créditos a empresas relacionadas con los accionistas.
Los propietarios y directivos ofrecieron colaborar con el "plan de rehabilitación administrativa" de las autoridades.
Los bancos intervenidos manejan en su conjunto 5,74% del total de depósitos del sistema y 5,27% de los créditos totales, según la Superintendencia de Bancos.
El Banco Canarias posee un plantel de 1.386 empleados y 92 oficinas, BanPro tiene 837 trabajadores y 59 oficinas, Confederado dispone de 773 empleados y 53 agencias, y Bolívar tiene 283 trabajadores y 22 oficinas.
Durante este año el gobierno del presidente Hugo Chávez realizó las intervenciones de Stanford Bank S.A. y del estatal Banco Industrial de Venezuela, y compró el Banco de Venezuela al grupo español Santander por 1.050 millones de dólares.
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