El alto mando militar de Bolivia dijo el miércoles que entregará a la justicia archivos de dictaduras, en un paso que podría ser decisivo para dar con el paradero de decenas de políticos de izquierda desaparecidos en el último medio siglo.
El anuncio fue hecho horas después de que un fiscal de La Paz fracasara en su intento de abrir personalmente los archivos militares y denunciara que la cúpula castrense había decidido no acatar una orden judicial de "desclasificación", respaldada incluso por el presidente indígena Evo Morales.
"El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional remitirá toda la información al señor fiscal el 26 de febrero, para fines consiguientes", dijo el máximo jefe militar boliviano, general Ramiro De la Fuente, según fue citado por la agencia estatal de noticias ABI.
Esta es la primera vez que la cúpula militar boliviana acepta públicamente entregar documentos que, según activistas de derechos humanos, facilitarían la ubicación de restos de líderes como el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, supuestamente asesinado durante un golpe de Estado de 1980.
Previamente, el fiscal Milton Mendoza, quien llegó hasta el Gran Cuartel o sede central militar para cumplir la orden de "desclasificación", dijo que sólo tuvo acceso hasta una oficina en la que le comunicaron que esa disposición sería apelada.
"Para nosotros es un despropósito porque la orden judicial era que la entrega de esa documentación se haga a la fiscalía", argumentó Mendoza a reporteros, señalando que los jefes militares le dijeron que sólo considerarían la posibilidad de enviar algunos documentos a un juez.
El general De la Fuente sugirió que el fiscal pudo haber malentendido la situación y aseguró que el mando militar le entregará los documentos, aunque no de inmediato debido a que "se tiene que ordenar esos enormes archivos", indicó ABI.
Agregó que la entrega de los documentos estará condicionada a que el fiscal los investigue en secreto.
La apertura de archivos militares fue ordenada la semana pasada por el juez Roger Velarde, a solicitud del fiscal Mendoza y en vista de que una nueva Constitución vigente desde 2009 ordena la transparencia de la información pública.
Familiares de víctimas de dictaduras y otros activistas que aplaudieron la orden judicial como "un gran paso" no ocultaron su decepción tras la frustrada visita del fiscal a la sede militar.
Decenas de políticos de izquierda, casi 100 según organizaciones de derechos humanos, están desaparecidos desde las dictaduras militares que rigieron la inestable Bolivia entre 1964 y 1982 y que, en varios casos, coordinaron represión con gobiernos de facto de Argentina, Chile y Paraguay.
Quiroga Santa Cruz desapareció tras ser detenido por paramilitares durante el golpe del 17 de julio de 1980, que encumbró en el Gobierno al entonces general Luis García Meza, quien cumple una condena de 30 años de prisión.
Aunque aparentemente muy próximos a Morales, los jefes militares de los cuatro últimos años no han roto el silencio tradicional de las fuerzas armadas sobre el paradero de los desaparecidos.
El presidente de izquierda Morales apeló varias veces a la "vocación democrática" de los militares, en cuyos archivos se cree que hay también documentos sobre el combate a la guerrilla comunista de Ernesto "Che" Guevara de 1967.
El miércoles, poco antes de la gestión del fiscal, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró que las fuerzas armadas iban a cumplir la orden judicial porque "ahora son una institución democrática".
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