El Supremo Tribunal Federal rechazó hoy un recurso para excarcelar al gobernador de Brasilia, José Roberto Arruda, detenido por supuesta corrupción, al tiempo que la cámara regional decidió someterle a un juicio político para destituirle.
Arruda fue detenido el pasado 11 de febrero, después de que la policía anunciara que tiene "pruebas contundentes" que le involucran en hechos de corrupción detectados en el Gobierno regional de la capital brasileña así como en intentos de manipulación de pruebas y soborno de testigos, lo que constituye una obstrucción a la justicia.
El asunto comenzó con la divulgación de vídeos en los que se veía al político y a muchos de sus colaboradores repartiéndose a manos llenas gruesos fajos de dinero que, según la policía, había sido producto de diversas corruptelas.
La defensa del acusado había presentado un recurso de hábeas corpus ante el Supremo en el que pedía su excarcelación, pero la corte negó hoy esa acción, con lo que el gobernador deberá permanecer detenido en las dependencias de la Policía Federal en que se encuentra desde hace más de veinte días.
El magistrado Marco Aurelio Mello, quien actuó como instructor ante el recurso, afirmó que existen pruebas de que Arruda intentó manipular pruebas y sobornar testigos para que cambien declaraciones, por lo que consideró la prisión preventiva debe ser mantenida.
Según el juez, el alto funcionario ha incurrido en una "influencia indebida" y nada lleva a pensar que no lo hará otra vez, por lo que debe seguir en cautiverio mientras avanza el proceso.
"La ley es universal. Así lo requiere la República, lo requiere la democracia, lo requiere el pueblo brasileño", afirmó Mello, cuya opinión tuvo el respaldo de nueve de los diez magistrados presentes.
Arruda recibió otro varapalo en la Cámara Legislativa de Brasilia, cuyos miembros aprobaron hoy por unanimidad iniciar un juicio político con miras a su destitución.
Una vez aprobado el comienzo del proceso, el gobernador tendrá ahora un plazo de veinte días para presentar su defensa ante los diputados regionales, que luego votarán en plenario a favor o en contra de su cese.
En caso de que la mayoría se incline por la destitución, Arruda perderá sus derechos políticos durante cinco años, período en el que no podrá ser candidato a ningún cargo electivo.
El pasado 11 de febrero, cuando fue detenido, su cargo fue ocupado en forma interina por el vicegobernador, Paulo Octavio Alves, quien renunció quince días después y fue sustituido por el entonces presidente de la cámara regional, Wilson Lima.
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