Beijing estudia restringir el acceso en algunas áreas de la capital tras el "éxito" de un proyecto en uno de sus distritos en el que se requiere identificación para entrar y que, según el gobierno, ayuda a reducir la delincuencia y controlar a la población flotante, informó hoy el diario "China Daily".
La idea ha levantado una fuerte polémica entre varios sectores de la sociedad, entre los que destacan los medios de comunicación y los académicos, que además de calificar la medida como un tipo de "cárcel", subrayan que es una forma de discriminar a los trabajadores inmigrantes que trabajan en las ciudades.
El proyecto piloto ha tenido lugar en Dashengzhuang, en el distrito beijinés de Daxing, donde se instaló a guardias de seguridad en la entrada y se permitió el acceso sólo a aquellas personas que poseyeran un pase especial en el que figurara su nombre, sexo, origen étnico, ciudad natal, ocupación, número de documento de identidad y número de teléfono móvil.
El plan lanzado en Dashengzhuang, que permanece con sus puertas cerradas desde las 23:00 de la noche hasta las 06:00 de la mañana, ha costado 19 millones de dólares, agregó la prensa.
Según el ministro de Seguridad Pública, Meng Jianzhu, "la creciente población flotante ha creado muchos problemas en la gestión de la ciudad. Muchos pueblos tienen una población flotante, principalmente trabajadores emigrantes, que superan en número a los residentes originales, a veces por 10 a uno".
El diario "South China Morning Post" señala que a finales de este año 92 aldeas se unirán a esta medida, y por el momento ya hay 16 en el distrito de Daxing que han construido puertas, vallas y puestos de policía en sus entradas.
La Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar anunció recientemente que la población de trabajadores emigrantes en China alcanzó los 211 millones en 2009 y ascenderá a 350 millones en 2050 si las políticas gubernamentales no cambian.
Por otro lado, el primer ministro chino, Wen Jiabao, declaró este año durante la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), que China relajará las restricciones a su sistema de residencia (conocido como "hukou"), establecido hace 52 años para evitar la inmigración rural a las ciudades.
El "hukou" es un permiso de residencia que poseen los ciudadanos chinos, normalmente de su localidad natal, que designa si su poseedor es "rural" o "urbano" y que limita la posibilidad de que emigren a otro lugar, un sistema creado para evitar grandes éxodos del campo a la ciudad.
El sistema ha probado ser ineficaz ya que no ha evitado la masiva llegada de emigrantes rurales a las ciudades, y además éstos, al carecer de "hukou" en las zonas urbanas, acaban convertidos en ciudadanos de segunda con menor acceso a servicios como la educación, la salud o el mercado laboral.
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