Denuncian que gobernadora de Arizona habría recibido dinero de cárcel privada

La gobernadora del estado  norteamericano de Arizona, la republicana Jan Brewer, una de las  principales impulsoras de la ley contra la inmigración ilegal, habría recibido dinero de campaña por parte de una administradora privada  de cárceles que se iba a beneficiar con la norma, denunció hoy  un periódico de Phoenix.

La Corrections Corporation of America (CCA), con base en  Tennessee, administra seis prisiones en Arizona, algunas de las  cuales alojan personas detenidas por el servicio de migraciones  de Estados Unidos.

Según el periódico New Times, de la capital de Arizona, la  CCA aportó 1.780 dólares a la campaña electoral de Brewer y  10.000 dólares a la campaña para hacer aprobar una reforma  fiscal estadual que solidificó la popularidad de la gobernadora. 

Brewer, de 65 años, quedó al frente del ejecutivo en Phoenix  en enero del año pasado cuando la hasta entonces gobernadora, la  demócrata Janet Napolitano, abandonó el cargo para convertirse  en ministra de Seguridad Interior del gobierno del Presidente de  Estados Unidos, Barack Obama.

Tras firmar la ley contra la inmigración ilegal, el 23 de  abril último, Brewer se convirtió en una figura de nivel  nacional y en una heroína de los sectores conservadores del  país. La súbita popularidad impulsó todavía más sus aspiraciones  de consagrarse como gobernadora por un mandato completo en las  elecciones de noviembre próximo. 

Pero, según el New Times, la firma de la ley por parte de la  gobernadora tiene no sólo connotaciones políticas sino también  económicas.

El semanario citó una investigación de la filial local de la  cadena televisiva CBS, según la cual uno de los principales  colaboradores de Brewer, Paul Senseman, trabajó para una firma  que tiene como cliente a la CCA. 

La investigación mostró que Senseman trabajó para el Policy  Development Group, que tiene a la CCA como cliente, y que su  esposa, Kathy, está registrada como lobbysta en favor de la  administradora de prisiones.

La denuncia se conoce cuando entra en vigor la polémica ley de inmigración, que ayer fue acotada de último momento por una jueza federal en sus partes más sensibles para México y otros países pero abre el camino para una larga batalla legal.

La jueza Susan Bolton suspendió horas antes una parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacía ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.