El gobierno de Ecuador deploró la decisión de su par de Brasil de llamar a consultas a su embajador en Quito, al asegurar que la controversia con el principal banco del Estado brasileño se debe resolver por los canales jurídicos establecidos.

El Ejecutivo brasileño decidió llamar a consultas a su embajador en Quito después de que el gobierno ecuatoriano presentara una demanda de arbitraje para frenar el pago de un crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, el objetivo de la medida es realizar conjuntamente con el embajador Antonino Marques Porto "una amplia revisión de nuestra cooperación".

En un comunicado, la Cancillería brasileña expresó su "seria preocupación" frente al hecho y consideró que "la naturaleza y la forma" de las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano "no se adaptan al espíritu de diálogo, de amistad y de cooperación" entre los dos países. "La decisión del gobierno ecuatoriano fue anunciada en evento público sin previa consulta o notificación al gobierno brasileño", recordó la nota.

El canciller Amorim, quien participa hoy en Sao Paulo en una conferencia sobre biocombustibles, afirmó que la decisión del gobierno ecuatoriano de suspender el pago de la deuda con el BNDES generó "mucha preocupación" en Brasil.

"Por esta razón llamamos para consultas a nuestro embajador en Ecuador, y todos los que conocen algo de diplomacia saben qué significa eso. Vamos a hablar con el embajador y realizar una amplia revisión de nuestra cooperación", expresó el ministro.

El BNDES, que es el organismo brasileño de fomento, concedió a Ecuador un préstamo por 242 millones de dólares para financiar las obras de la central hidroeléctrica de San Francisco, construida por la empresa brasileña Odebrecht.

La planta empezó a funcionar a mediados del año pasado, pero sus operaciones fueron suspendidas en junio último y permanecieron paralizadas por 130 días debido -según el gobierno de Ecuador- a fallas estructurales en su ejecución.

Esa falta de funcionamiento, de acuerdo con cálculos oficiales, generó US$23 millones de pérdidas.

Odebrecht argumentó que las fallas en la central se dieron por razones ajenas a las de construcción y estructura, y ofreció depositar en fideicomiso en favor del gobierno de Quito US$43 millones, en caso de que se comprobara su responsabilidad en el problema.

El gobierno Correa no aceptó la propuesta de la empresa brasileña y dictó su expulsión del país.

Un nuevo capítulo en el diferendo fue abierto ayer, cuando el presidente del Fondo de Solidaridad de Ecuador, Jorge Glas, anunció una demanda contra Odebrecht constructora ante la corte arbitral de la Cámara Internacional del Comercio, en París, donde pidió medidas cautelares contra el BNDES, para "detener los cobros que quiere hacer al gobierno de Ecuador".