El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que no conocía los supuestos pasos por España de aviones de la CIA con detenidos sospechosos de ser terroristas islamistas para su traslado a la base estadounidense de Guantánamo, ubicada en territorio cubano.

"No, por supuesto", respondió Rodríguez Zapatero cuando la prensa le preguntó si tenía constancia de estos vuelos, tras asistir a la reunión que mantiene en Madrid el Partido Socialista Europeo.

En el mismo sentido se pronunció el jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, quien negó rotundamente que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero conociese la existencia de estos vuelos.

El gobierno español creó una comisión de investigación que tratará de esclarecer si hubo "connivencia" del Ejecutivo de José María Aznar (1996-2004) con dichos vuelos tal y como desvela, al parecer, un documento secreto al que tuvo acceso el diario El País.

El rotativo español publicó ayer y hoy una serie de informaciones en las que revela que el gobierno de José María Aznar aceptó, en 2002, en menos de 24 horas, la petición de Estados Unidos para utilizar suelo español en los vuelos militares que trasladaban a presos desde Afganistán a Guantánamo.

Por su parte, Izquierda Unida (IU, de orientación comunista) facilitó documentación secreta del ministerio español de Exteriores, que, según esta formación, confirma la "opacidad" con la que el gobierno gestionó los datos sobre las autorizaciones de los vuelos de EEUU a su paso por España.

Se trata de dos faxes secretos y una nota, fechadas en los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2007, en los que un alto responsable del ministerio de Defensa español ordena que no se facilite información sobre las autorizaciones de los vuelos de Estados Unidos.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que los supuestos vuelos de la CIA con presos para la base de Guantánamo continuaron haciendo escala en territorio español durante la primera legislatura del gobierno socialista (2004-2008).

Llamazares reclamó al Ejecutivo español que deje "de mirar hacia otro lado", porque se trata de un asunto "muy grave" que afecta a "los derechos humanos y a la soberanía de nuestro país".