La oposición en Tarija convocó a un paro contra el gobierno de Evo Morales por la detención de sus principales dirigentes, mientras campesinos oficialistas marchan a esa ciudad del sur de Bolivia.

El paro en Tarija es la primera acción de los prefectos y dirigentes opositores de cuatro departamentos contra la decisión del gobierno de apresar y juzgar a los responsables de la toma de oficinas públicas durante las protestas de septiembre.

La marcha de decenas de campesinos que apoyan al gobierno tiene programado llegar al mediodía a la plaza principal de esa ciudad, a 780 kilómetros al sureste de La Paz, exigiendo a la prefectura la entrega directa de recursos a las provincias.

El dirigente opositor Freddy Castrillo precisó que también para el mediodía está convocado un cabildo en la misma plaza, que, según dijo, está orientado contra "la ilegalidad, el amedrentamiento, la intimidación y la persecución que el gobierno está haciendo contra los dirigentes cívicos".

El vicepresidente Alvaro García Linera sostuvo que "el paro es un acto de encubrimiento de criminales, tal vez de complicidad delitos contra los bolivianos, que no se justifica de ningún modo". 

El comité opositor convocó al paro tras el apresamiento del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayar, que fue trasladado a La Paz para ser juzgado por el incendio de un gasoducto, en el marco de una protesta por el recorte de un impuesto sobre hidrocarburos a las regiones.

Al mismo tiempo, la marcha de unos dos centenares de campesinos oficialistas se apresta a llegar al mediodía a la plaza principal para pedir la transferencia directa a las provincias del impuesto que motivó las protestas de septiembre.

"Nos quedaremos el tiempo que sea necesario hasta que el Consejo Departamental o el propio gobierno nos garantice mediante decreto el compromiso de entrega de los fondos", anunció Luis Alfaro, principal dirigente campesino.