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Estado mexicano de Coahuila pide restablecer pena de muerte

Esta medida se aplicó por última vez en el país el año 1961.

por EFE | 03/12/2008 - 16:28

El estado mexicano de Coahuila, en el norte del país, solicitó al Congreso Federal que apruebe una reforma a la Constitución para restablecer la pena de muerte en el caso concreto de los secuestradores que asesinen a sus víctimas.

El Legislativo de ese estado presentó la propuesta al Congreso para aclarar las primeras versiones surgidas en prensa, que apuntaban a que el acuerdo pretendía incluir la medida en la legislación local, algo inconstitucional.

Esa sentencia, que no está en los códigos penales de ninguno de los 32 estados, figuraba en la Constitución mexicana hasta 2005, año en que fue abolida, para los casos de traición a la patria, parricidio, homicidio agravado y otros delitos.

Sin embargo, no se aplicaba en el país desde 1961, cuando fue ejecutado un soldado en Saltillo, precisamente la capital del estado norteño de Coahuila.

El Congreso estatal analizó la propuesta, aprobada con 22 votos a favor y 10 en blanco, en respuesta a una iniciativa presentada por el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

El domingo, al asistir a la presentación del cuarto informe de gestión de su homólogo del estado vecino de Tamaulipas, Eugenio Hernández, Moreira dijo que gracias a ese castigo el país lograría disminuir la delincuencia.

"Cuando se secuestra a una persona, se secuestra a una familia y a una sociedad", por lo que una vez son detenidos los delincuentes "no hay retorno, quien secuestra debe morir", sostuvo. "No es analizar el morir sino cómo morir", agregó.

Algunos sectores de la sociedad mexicana se han mostrado partidarios del restablecimiento de la pena de muerte, un tema que saltado a la palestra pública por el incremento de la violencia del crimen organizado, en forma de asesinatos y secuestros.

El Presidente de México, Felipe Calderón, envió en agosto pasado al Congreso Federal un proyecto de ley para que se instaure de nuevo la cadena perpetua, ante la indignación pública ocasionada por el secuestro del adolescente Fernando Martí, hijo de un reconocido empresario, a manos de policías en activo.


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