Penas de entre 20 y 30 años de cárcel podrían tener quienes busquen financiamiento para las actividades de los grupos armados ilegales en Perú.

La Comisión de Defensa del Congreso de ese país aprobó hoy un proyecto que establece dicho castigo, y ahora la iniciativa debe ser aprobada por el Pleno del Congreso para que adquiera vigencia.

De ese modo se establecerán las penas para quienes en forma directa o indirecta, fuera o dentro de Perú, recolecten o realicen cualquier acción para obtener fondos, ayuda o mediación para financiar las "actividades subversivas".

Un artículo del dictamen señala además que en los casos en que la búsqueda de financiamiento se realice en el extranjero, el autor del delito será procesado según lo previsto en los convenios y tratados internacionales suscritos por el país.

El presidente de la Comisión de Defensa, Édgar Núñez, recordó que en el pasado hubo casos de personas que salían al exterior para buscar recursos a favor del grupo maoísta Sendero Luminoso o el guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuyos principales dirigentes se encuentran ahora en prisión.

Ahora que Sendero está reducido a un par de contingentes aliados con el narcotráfico y que el MRTA está desmantelado, parte de esos fondos se encuentran supuestamente en instituciones financieras del exterior sin que hayan podido ser repatriados, según aseguró Núñez, del gobernante Partido Aprista Peruano.