Un informe del Consejo de Europa alerta de que los gobiernos han tomado "decisiones que atentan contra los principios de los derechos humanos" tales como el derecho a la privacidad, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. "Se ha comprometido la libertad en la lucha contra el terrorismo", afirmó el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, tras la publicación de un informe de ese organismo titulado 'Protegiendo la vida privada en la lucha contra el terrorismo'.

En él se advierte de que "los avances tecnológicos tienen una estrecha incidencia en las respuestas al terrorismo" y facilitaron la creación de sistemas de vigilancia que incluyen el "análisis simultáneo de miles de millones de comunicaciones telefónicas y de correo electrónico".

Existen también programas informáticos capaces "supuestamente" de identificar "comportamientos sospechosos" y alertar a las autoridades sobre "objetivos específicos", y se produjo una masiva expansión de la "data-vigilancia", que controla los rastros que dejan los individuos en numerosas transacciones, dice el informe.

El texto recuerda, por ejemplo, que en Reino Unido se toman muestras de ADN de cualquiera que sea arrestado y se retienen, aunque la persona en cuestión quede exonerada del delito. Prácticas similares se repiten en muchos países. "El ciudadano no tiene elección sobre el suministro de esa información, y esa obligatoriedad es cada vez más internacional".

La combinación de estas bases de datos crea una detallada fotografía -antes inimaginable- de las vidas y de los aspectos culturales, religiosos, financieros y médicos, así como de las afiliaciones políticas.

Muchas de estas tecnologías suponen "amenazas a nuestra privacidad" y "permiten al Estado vigilar nuestras vidas a un nivel muy cercano".

"La vigilancia general acarrea serios problemas democráticos, que no quedan contestados con la repetida afirmación de que "el que no tiene nada que temer no tiene nada que ocultar", aseguró Hammarberg, quien subrayó que "un gran número de personas inocentes son objeto de vigilancia, acoso, discriminación, arresto o algo peor".

Su receta es simple: "en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, los estándares y principios de los derechos humanos no deben ser abandonados, sino reafirmados", recalcó el comisario, quien considera que "la protección de los datos es crucial para mantener los derechos democráticos fundamentales".

El texto dice que en Europa la creciente "alianza total social" de la policía "tiene beneficios claros" en materia de coordinación de las diferentes agencias, pero "hay un peligro de que esa recolección de datos y acuerdos de intercambio lleven a una completa cultura de vigilancia".

Esa relación entre diferentes cuerpos de seguridad y servicios secretos "puede potencialmente minar la justicia de los procesos legales contra personas acusadas de estar implicadas en el crimen organizado o terrorismo" ya que los tribunales, cada vez más, permiten pruebas secretas o testigos secretos como base para una condena.