El magistrado Javier Villa Stein, a quien sectores periodísticos y organizaciones no gubernamentales atribuyen supuestos nexos político-ideológicos con el procesado ex Presidente Alberto Fujimori, fue elegido hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú para el período 2009-2010.

Villa Stein, de 59 años, se impuso en primera vuelta a los otros tres candidatos: Manuel Sánchez Palacios, Elcira Vásquez y Luis Felipe Almenara. Los votantes eran los 16 magistrados titulares de la Corte.

La presencia de Villa Stein como candidato había sido motivo de advertencias de organismos como el Instituto de Defensa Legal (IDL), que aseguran que sus fallos como juez, y previamente sus comentarios como abogado particular, lo muestran afín a las posiciones fujimoristas, lo que podría resultar determinante en el proceso que se le sigue al ex mandatario.

"El juicio contra el ex presidente continuará con un comportamiento absolutamente imparcial y profesional, como está ocurriendo. El juicio se viene llevando a cabo de manera impecable y en el futuro tiene que ser igual", dijo tras ser elegido Villa Stein, quien niega ser simpatizante del fujimorismo y afirma que las posibles coincidencias que haya tenido con ese sector corresponden a principios jurídicos.

El presidente electo del Poder Judicial matizó asimismo sus objeciones a la validez que puedan tener como pruebas los videos grabados por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, los que han servido para procesar a muchos acusados de incurrir en delitos durante el gobierno de Fujimori (1990-2000), pues dijo que en algunos casos no están prohibidos.

"La prueba obtenida en violación de derechos fundamentales es prueba prohibida, eso en general. Muchos de los 'vladivideos' fueron tocados en lugares públicos, del mismo modo como por ejemplo se puede grabar un hurto en un centro comercial. Esa no es prueba prohibida. De existir un consentido de los actores o uno de ellos, no tendríamos por qué objetar y podría ser un indicio", especificó.

El IDL y otras organizaciones no gubernamentales han lanzado advertencias sobre riesgos de manipulaciones en el proceso a Fujimori, quien enfrenta procesos por delitos de derechos humanos y corrupción que lo exponen a hasta 30 años de cárcel.

El primer proceso, por casos de derechos humanos que incluyen dos masacres en que murieron 25 personas, tendrá el fallo hacia enero, a cargo de un tribunal presidido por César San Martín, respecto del cual no parece haber objeciones. No obstante, ese fallo de primera instancia podrá ser apelado por cualquiera de las partes y es ahí donde surgen las dudas de las ONG respecto a la futura composición de las salas.