La Cámara de Diputados de México aprobó hoy la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que crea las bases legales para el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatales y municipales en la lucha contra la delincuencia organizada.

El dictamen fue aprobado con 335 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones, y establece que el Presidente de México será el responsable del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y participarán los ministros de Gobernación, Defensa, Marina y Seguridad Pública.

Además participarán el fiscal general, los gobernadores y el alcalde capitalino, así como un secretario ejecutivo.

La nueva ley obliga al Estado a desarrollar políticas de prevención social del delito, así como programas y acciones para fomentar valores culturales y cívicos que promuevan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Esta ley establece mecanismos para garantizar el ingreso de nuevos agentes a las corporaciones policiales para impedir que a estas ingresen personas no capacitadas.

Ningún policía o miembro de las fuerzas de seguridad podrá ingresar al sistema si antes no es evaluado y certificado.

También establece sanciones contra funcionarios y policías que violen las normas con penas que van de tres a doce años de cárcel, y se castiga a las personas que comercialicen uniformes policiales o militares para cometer delitos.

La Ley crea el Centro Nacional de Información, que tendrá el objetivo de resguardar las bases de datos criminalísticos y del personal del Sistema Nacional de Seguridad.

La ley, que fue enviada para su discusión y aprobación en el Senado, fue votada en momentos en que México vive una espiral de violencia, atribuida al crimen organizado, que se ha cobrado en lo que va de este año más de 5.000 vidas.