La organización no gubernamental Chinese Human Rights Defenders (CHRD) acusó a las autoridades chinas de asediar a los disidentes chinos con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se conmemora mañana.

Según un comunicado de CHRD, al menos seis activistas que firmaron un documento exigiendo reformas políticas y la ratificación por parte de China de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron detenidos ayer por la tarde.

El documento, llamado Carta 08, fue enviado al Comité Permanente del legislativo chino (Asamblea Nacional Popular) por la propia ONG y por activistas, entre ellos Liu Xiaobo, considerado uno de los disidentes más destacados de las protestas prodemocráticas de estudiantes de Tiananmen de 1989.

CHRD asegura que Liu se encuentra todavía detenido después de haber firmado la carta.

En ella, los disidentes exigen, con motivo del aniversario de la Declaración, que el Partido Comunista de China (PCCh, en el poder desde 1949) promueva las reformas políticas, los derechos humanos y la democracia en el país asiático.

Los otros disidentes detenidos son activistas, intelectuales y escritores como Wen Kejian, Chen Xi, Shen Younian o Du Heping, entre otros.

El Ministerio chino de Asuntos Exteriores señaló hoy que no tenía noticia de dichas detenciones.

"No sé si ese informe es cierto o no. Pero no creo que la información sea precisa, sino infundada", señaló en rueda de prensa el portavoz ministerial Liu Jianchao.

Liu dijo no saber nada tampoco acerca del acoso a otro tipo de disidentes, los peticionarios (víctimas de corrupción y expropiaciones que llevan sus casos a los tribunales), a los que, según informes de la ONG, las autoridades están ingresando en hospitales psiquiátricos para silenciarlos.

"No tengo detalles de ese problema", respondió el portavoz.

Liu, sin embargo, valoró como "objetivo" y "realista" un informe publicado hoy por la agencia oficial Xinhua, en el que se valoran los avances de China en materia de derechos humanos.

Según esa información, "China ha implantado el derecho constitucional de respeto y protección de los derechos humanos, mejorado la democracia y la aplicación de la ley".

Se trata de una entrevista con Wang Chen, ministro responsable de la Oficina de Información del Consejo de Estado (Ejecutivo), quien sin embargo reconoce "algunos aspectos poco satisfactorios" en la aplicación de los derechos humanos en China.

Entre ellos, Wang admite que los distintos niveles gubernamentales tienen que mejorar su consciencia sobre la protección de los derechos humanos y la aplicación de la ley, y señala otros aspectos conflictivos como la creciente brecha entre ricos y pobres, y entre las áreas rurales y urbanas en China.

El desempleo, las carencias de los sistemas médico, educativo y de seguros sociales, la desigualdad de los ingresos y la vivienda son otros de los aspectos preocupantes que aparecen en el informe.

El ministro no mencionó críticas habituales hechas desde instituciones y organizaciones internacionales contra China, como la represión en el Tíbet y Xinjiang o la persecución a disidentes y activistas contrarios al régimen, y mucho menos la ratificación de la Convención de Derechos Políticos y Civiles, que Pekín firmó hace diez años.