Tras el hallazgo durante el fin de semana de dioxinas en productos elaborados a partir de cerdo, Irlanda confirmó hoy altos niveles del compuesto en carne de ternera tras realizar varios test en granjas de vacuno, informaron hoy las autoridades en Dublín.

El ministro de Agricultura, Brendan Smith, sostuvo que el riesgo para la salud humana sigue siendo bajo. Los focos hallados ya fueron sacrificados.

El hallazgo de dioxinas potencialmente peligrosas en carne de cerdo el pasado fin de semana que obligó a retirar del mercado productos de porcino. Una medida similar se descartó sin embargo para la carne de ternera.

En tres de las 11 granjas de ternera analizadas se halló una concentración de compuestos PCB (bifenilos policlorados) por encima de los niveles permitidos. Este nivel duplica o triplica el límite legal, mientras el hallado en la carne porcina lo multiplicaba por 200.

Mientras tanto, la Comisión Europea informó hoy en Bruselas que los agricultores afectados por el escándalo en Irlanda no podrán recibir dinero de los fondos europeos porque no existe ningún mecanismo para ello.

"No existe base legal para pagar compensaciones directas con dinero europeo", dijo Michael Mann, portavoz del comisario de Agricultura de la UE.

Sin embargo, Irlanda podrá pagar indemnizaciones de hasta 7.500 euros (9.670 dólares) por granja durante un periodo de tres años sin violar las normativas europeas para ayudas estatales.

Como alternativa, también podría reembolsar totalmente las pérdidas a los ganaderos que tuvieron que sacrificar a sus animales, pero sólo si se establece antes que se trata de "circunstancias excepcionales".

Las autoridades europeas son responsables de vigilar la competitividad. Anteriormente, el primer ministro irlandés, Brian Cowen, había dicho a la radio irlandes RTE que estaba considerando pedir a la UE un pago de compensación para la industria porcina, tras sufrir una "tragedia económica".

Las pérdidas por el escándalo se calculan en alrededor de 100 millones de euros (128 millones de dólares). Los dueños de las plantas de porcino se niegan a abrir sus fábricas hasta que Dublín les ofrezca un paquete de compensaciones de cara a posibles pérdidas.