El gobierno alemán aprobó una reforma de la ley de protección de datos con la que pretende detener el comercio ilegal con información de clientes como los ocurridos en los últimos meses.

La principal modificación con respecto a la ley vigente consiste en que en el futuro las empresas sólo podrán trasferir datos de sus clientes con el consentimiento explícito de éstos.

Además, contempla elevar las multas formales de US$32.500 a US$65.000 y de US$323.000 a US$650000 a las infracciones que causen daños materiales.

El ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, aseguró al presentar el proyecto de ley que, con esta enmienda, el gobierno responde a los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías.

Al mismo tiempo, advirtió que ninguna ley puede evitar que se produzcan abusos, por lo que emplazó a todos los ciudadanos a analizar con asiduidad sus movimientos bancarios.

Schäuble aludió con ello a los diversos escándalos de robo de datos.

El último fue destapado el pasado fin de semana por al revista económica "Wirtchaftswoche" que accedió a un CD con la información sobre 21 millones de personas, datos que según el semanario, circulan actualmente en el mercado negro.

Los datos incluyen nombres, fechas de nacimiento, números de cuentas bancarias y detalles sobre el patrimonio de esas personas y se ofertan en el mercado negro por unos doce millones de euros.

Schäuble instó a los ciudadanos a comprobar sus cuentas y recordó que las leyes vigentes permiten anular toda transferencia en un plazo de seis semanas.

El borrador de ley presentado contempla además la introducción de un "sello de calidad" comparable al que existe ya en los productos "bio" y que pueden adquirir aquellas empresas que introduzcan un sistema de control riguroso de los datos de sus clientes.

Este sello pretende sensibilizar al ciudadano y fomentar la competencia entre las empresa en cuanto al comportamiento de los datos de sus clientes.

La nueva ley contempla, sin embargo, una serie de excepciones, que según el presidente de la Asociación de Consumidores, Gerd Billen, demuestran que el gobierno ha estado sometido a "increíbles presiones" por parte de los distintos grupos.

Entre las excepciones figuran, por ejemplo, las profesiones libres, a las que las empresas interesadas podrán seguir ofertando servicios sin su consentimiento o las asociaciones caritativas, que podrán adquirir datos de potenciales donantes sin que éstos tengan que dar su aprobación.

El punto más controvertido de las excepciones lo constituye el que se refiere a las empresas consideradas "líderes de mercado" que podrán exigir a sus clientes la utilización de sus datos, si éstos quieren acceder a la oferta completa de la compañía.

Billen manifestó sus reservas a esta cláusula, no sólo por el hecho de que "es muy difícil definir qué es una empresa líder", sino porque, al vincular el grado de oferta a lo que el cliente permita hacer con sus datos, de facto no le concede el derecho a negarse.

En general, sin embargo, tanto Billen, como el presidente de la Oficina Federal de Protección de Datos, Peter Schaar, se manifestaron satisfechos con el proyecto de ley, que, según Schäuble, debería poder superar todos los trámites parlamentarios antes de las elecciones de septiembre de 2009.