El relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Víctor Abramovich, afirmó que no cree que las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública sean "casos aislados", como sostiene el gobierno, según declaraciones conocidas hoy.

Abramovich se refirió así al caso de al menos 23 jóvenes que desaparecieron de forma misteriosa en el centro del país a comienzos de este año y en septiembre fueron encontrados muertos en una alejada zona del este, fronteriza con Venezuela, tras ser reportados como miembros de grupos armados ilegales abatidos en combate.

El gobierno ha destituido en las últimas semanas a 40 militares por su presunta vinculación con esas aparentes ejecuciones, en casos que en Colombia son llamados "falsos positivos".

"La repetición de hechos y la existencia de algunos elementos comunes impiden considerar a estos casos como aislados. Hay elementos comunes y hay ciertos patrones que obligan a revisar las prácticas de la Fuerza Pública", dijo el abogado argentino al diario El Espectador de Bogotá.

"El Estado venía efectuando algunas revisiones de políticas que eran importantes, pero después de eso siguieron ocurriendo hechos, lo cual nos hace pensar que esos cambios no fueron suficientes, que hay aspectos quizás más profundos que tienen que ver con prácticas de la fuerza pública que deberían ser revisadas y mecanismos de control internos y externos que no están funcionando adecuadamente, aunque no sabemos cuáles", agregó.

Abramovich señaló que en los casos de las ejecuciones se maneja una hipótesis que habla de recompensas para los militares que muestran el mayor número de bajas en combate, que catalogó de "incentivo perverso".

El gobierno ha asegurado que por el número de bajas no se entregan recompensas, aunque sí se tiene en cuenta la eficacia de los militares en zonas donde está alterado el orden público para dar algunos premios.

"Hay quienes dicen que los militares no participan de este sistema, pero otros sostienen que pueden participar civiles que actúan como testaferros de estos militares", dijo el relator.

Además, el organismo maneja otra hipótesis que "es la posible vinculación de ciertos casos de 'falsos positivos' con situaciones de convivencia de agentes estatales y crimen organizado en donde los agentes estatales que no persiguen a grupos ilegales muestran estadísticas para encubrir la tolerancia con ciertas prácticas ilegales. De manera que grupos ilegales no sólo estarían pagando por protección, sino que además como parte del acuerdo entregarían falsos positivos para que ciertos actores estatales puedan mostrar estadísticas".

Por otra parte, Abramovich criticó la extradición este año a Estados Unidos de 14 jefes de los grupos paramilitares que estaban siendo juzgados en Colombia en el marco de un proceso de negociaciones que entre 2003 y 2006 permitió la desmovilización de casi 32.000 miembros de esas bandas de ultraderecha.

La extradición de los paramilitares, juzgados en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, fue rechazada por familiares de víctimas de esos grupos, que consideran que éstos no seguirán colaborando con la justicia colombiana y no pagarán las prometidas reparaciones.

"Las extradiciones implicaron un cambio en la hoja de ruta que marcaba la Ley de Justicia y Paz (por la cual se desmovilizaron) e impuso restricciones en relación con los juzgamientos de estos crímenes. Nos parecía que era más importante juzgar los crímenes de lesa humanidad, lograr plena reparación a las víctimas, producir verdad y, logrado eso, proceder a la extradición", dijo Abramovich.

Según el relator para Colombia, los paramilitares fueron extraditados sin antes haber pactado un acuerdo para seguir cooperando con la justicia.

"No hay ningún acuerdo expreso de cooperación. Además, las decisiones en Estados Unidos dependen de las autoridades judiciales, no de las autoridades políticas. Esto va a depender mucho de los fiscales y de los jueces", afirmó.