La fiscalía venezolana imputó hoy por presuntos hechos de corrupción a Eduardo Manuitt, ex gobernador del estado de Guárico, cinco días después de hacer lo propio contra el también antichavista Manuel Rosales, ex gobernador del Zulia.

Manuitt entregó el cargo la semana pasada al oficialista William Lara, que en las elecciones regionales y municipales de noviembre pasado ganó el Ejecutivo del céntrico estado de Guárico a su hija Lenny Manuitt. 

El ex gobernador administró los dos últimos períodos en Guárico como aliado del presidente del país, Hugo Chávez, quien en junio pasado lo tildó de "falso revolucionario" al pretender imponer a las fuerzas oficialistas la candidatura de su hija en lugar de la de Lara.

"¿Por qué en diez años de gobierno no se me imputó por casos de corrupción, y a pocas horas de entregar el mandato se me imputa?", se preguntó Manuitt.

Después de identificarse como perseguido político, acusó a la fiscalía de trabajar "por encargo" de Chávez y sostuvo que fue el propio jefe de Estado quien pidió que actuara en su contra.

"Hay dos caras de la moneda: la criminalidad de la política y la politización de la justicia", añadió y remarcó que el proceso en su contra forma parte de una acción "de amenaza y de atropello", en lo que coincidió con el ex gobernador del estado de Zulia.

Éste último fue acusado el pasado jueves de corrupción, aunque el gobernante también lo ha señalado como "capo" del narcotráfico y la unicameral Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, lo involucra con un intento de magnicidio.

A diferencia de Rosales, Manuitt fue afín al Gobierno de Chávez hasta que el año pasado propuso a su hija como candidata, aunque desde 2005 mantenía enfrentamiento con parlamentarios chavistas que lo acusan de graves violaciones a los derechos humanos.

La comisión de Política de la Asamblea Nacional, integrada entonces por diputados tanto opositores como partidarios de Chávez, aprobó en junio de 2005 un informe que acusó a Manuitt de la formación de "grupos de exterminio" en Guárico.

El informe, que documentó más de un centenar de asesinatos y desapariciones de simples sospechosos de delitos y delincuentes sentenciados, supuestamente víctimas de esos grupos de exterminio, no llegó a ser debatido por el pleno Legislativo, presidido entonces por el actual ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro.