El pleno del Parlamento Europeo selló hoy la aprobación de las medidas de la UE para luchar contra el cambio climático al respaldar el acuerdo que cerró la cumbre comunitaria de la semana pasada.
A pesar de que muchos eurodiputados mostraron su descontento por el papel de la Eurocámara en el proceso decisorio y por el grado de ambición medioambiental del plan, el Pleno dio su aprobación al texto como el mejor compromiso que podía acordarse.
Sin embargo, la eurodiputada Avril Doyle (PPE) recalcó que los acuerdos en primera lectura, que aceleran el procedimiento en el PE como ha sido en este caso, "deben reservarse a casos excepcionales".
El presidente del PE, HansGert Pöttering, por su parte, subrayó el afán de colaboración que ha demostrado la Eurocámara con el Consejo de la UE.
Las medidas van dirigidas a lograr el conocido triple objetivo 202020 para 2020: 20% de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), 20% de aumento de la eficacia energética y que un 20% de la energía de la UE proceda de fuentes renovables.
Las organizaciones ecologistas y algunos eurodiputados confiaban en que el Pleno bloquease hoy el avance de las medidas ya que, en su opinión, favorecían más a la industria que a los intereses medioambientales.
Entre los puntos más criticados figuran la concesión de una gran parte de los derechos de emisión de forma gratuita a los sectores más contaminantes y la posibilidad de los países de la UE de contabilizar como esfuerzos de reducción nacionales las inversiones en proyectos medioambientales de naciones en vías de desarrollo.
Los defensores del acuerdo aseguran que, aunque se han incluido instrumentos de flexibilidad para que la industria pueda cumplir las normas más fácilmente, los objetivos siguen siendo obligatorios e igual de ambiciosos.
Asimismo, destacaron la importancia de contar con un acuerdo en el que basar la posición de la UE de cara a la cumbre de la ONU del año que viene en Copenhague, en la que se intentará alcanzar un acuerdo internacional que sustituya al Protocolo de Kioto.
El plan comunitario regula el funcionamiento del sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), los esfuerzos que deben hacer los Veintisiete para reducir las emisiones en los sectores no incluidos en el ETS, las técnicas de captura y almacenamiento geológico de carbono y la promoción de las energías renovables.
Los derechos de emisión se concedían hasta ahora de manera gratuita, pero la CE insistió en que pagar para conseguirlos serviría de incentivo a los sectores contaminantes, a los que acabaría resultando más barato invertir en nuevas tecnologías.