El ex presidente peruano Alberto Fujimori negó que su gobierno aplicara una "política clandestina" de violación a los derechos humanos, con lo que corrigió frases de esta semana intepretadas por la Fiscalía como virtual reconocimiento de responsabilidad.

"No hubo política clandestina durante mi gobierno (1990-2000). Hubo política limpia y efectiva para dejar al país libre del terrorismo", manifestó Fujimori al pedir la palabra en la audiencia 131 del proceso en su contra.

En la breve intervención, el ex presidente recordó que su gobierno promulgó dos leyes fundamentales: una que incentivó la delación de miembros de los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) por sus propios compañeros, y otro que amnistió a varios militares, entre ellos los miembros del grupo "Colina", autores de varios asesinatos perpetrados en esa década.

Sobre esa amnistía, dictada en 1995, Fujimori dijo que buscaba "equilibrar la situación", ya que antes había sido aprobada la ley de arrepentimiento (delación), que les concedió beneficios penales a miembros confesos de Sendero y el MRTA.

Esas leyes, señaló, eran "pasos claves para sellar el grave problema nacional del terrorismo que agobiaba al Perú" y que dejó casi 70.000 mil muertos entre 1980 y 2000, según la desactivada Comisión de la Verdad.

El ex presidente, de 70 años, dijo que la estrategia antiterrorista era de conocimiento público: "un acercamiento con la población por parte de las fuerzas del orden, apoyo a la Policía, énfasis en inteligencia y las leyes antiterroristas".

Fujimori admitió el miércoles como "errores" las dos masacres perpetradas por el "Colina" por las que se le juzga. "Nuevamente reitero: no me equivoqué, con excepción de estos lamentables crímenes", dijo en esa ocasión.

Para el fiscal del caso, José Peláez Bardales, y los abogados de la parte civil, ese "no me equivoqué, con excepción ..." conlleva un reconocimiento implícito de que las dos masacres sí hacían parte de la estrategia oficial antisubversiva, como sostiene la acusación.

El ex mandatario es procesado como supuesto autor mediato de las dos masacres en las que murieron 25 personas en 1991 y 1992, y de otros casos de derechos humanos que lo exponen a hasta 30 años de cárcel.

En la audiencia de hoy se trabajó sobre cuatro audios y un video relacionados a la ley de amnistía. El lunes se presentarán en el juicio el ex jefe de las Fuerzas general Nicolás Hermoza y el ex ministro del Interior Juan Briones.