Un tribunal argentino reconoció tácitamente que el Estado fue el "principal encubridor" del atentado contra una mutualista judía de Buenos Aires que en 1994 causó 85 muertos y más de 200 heridos, informaron fuentes judiciales.

La medida fue adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que rechazó un pedido formulado por el Estado para "tachar" en un reclamo judicial por una de las víctimas mortales del ataque terrorista la calificación de "principal encubridor de uno de los mayores crímenes de la historia argentina".

El fallo remite a un decreto suscrito en 2005 por el entonces presidente del país, Néstor Kirchner, que hace referencia a un acta firmada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que el Estado argentino reconoció no sólo que no logró prevenir el atentado ni sancionar a sus autores sino que, además, hubo un "encubrimiento de hechos" por parte de los sucesivos gobiernos.

El tribunal de segunda instancia recordó que "el Estado Nacional, mediante el dictado del decreto 812/2005, reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la función de prevención, por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado".

En el fallo, la Cámara reconoció la indemnización económica a favor de Laura Ginsberg y sus hijos por la muerte de José Enrique Ginsberg en el ataque terrorista que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia).

Esta semana el juez que investiga el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, amplió los embargos económicos contra ocho ex funcionarios iraníes a los que considera como presuntos autores de la voladura del edificio.

El magistrado aceptó un pedido del fiscal Alberto Nisman y dispuso un embargo preventivo por US$540 millones para hacer frente a un eventual resarcimiento económico a los heridos por el ataque.

La medida recayó sobre el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani, los ex ministros de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati y de Información y Seguridad Alí Fallahijan y el ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai.

También al ex líder de las fuerzas Quds Ahmad Vahidi y tres antiguos funcionarios de la embajada de Irán en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, Moshen Rabbani y Ahmad Reza Ashgari.

Veintidós personas, entre ellas varios ex policías, acusados de complicidad en el atentado contra la Amia, fueron absueltos por falta de pruebas en septiembre de 2004, tras casi tres años de juicio oral.

El de la mutualista fue el segundo de los ataques terroristas contra objetivos judíos cometidos en Argentina, donde en 1992 el estallido de una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires causó la muerte de 29 personas.