El presidente del Poder Judicial del Perú, Javier Villa Stein, designó hoy al magistrado Duberlí Rodríguez como presidente de la Primera Sala Penal Transitoria, a la que le corresponderá la última palabra en el juicio por delitos de derechos humanos contra el ex presidente Alberto Fujimori.

Rodríguez estará acompañado en la Sala por los magistrados Julio Biaggi, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán y José Antonio Neyra, quienes, como él, son poco conocidos por la opinión pública.

La designación era esperada con expectación, pues Villa Stein, quien asumió hoy la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, es señalado por organismos de derechos humanos y medios de prensa como supuesto simpatizante de Fujimori, lo que generó temores sobre alguna intención de inclinar el proceso en favor del ex mandatario.

Por lo pronto las partes acusadora y civil en el proceso no hicieron mayores comentarios sobre la composición de la Sala. En las últimas horas había circulado el rumor de que Villa Stein le dejaría la presidencia de ese tribunal a su antecesor en la Corte, Francisco Távara.

La Primera Sala Penal Transitoria tomará el caso de Fujimori si alguna de las partes apela el fallo de primera instancia que dicte el tribunal presidido por César San Martín. Por antecedentes y lógica se descuenta que al menos una de las partes quedará insatisfecha y apelará.

En ese marco, la composición de esa Sala es aún más determinante que la del tribunal actual. Organizaciones no gubernamentales como el Instituto de Defensa Legal habían advertido que observarán de cerca a Villa Stein para impedirle cualquier posible acción tendiente a favorecer al acusado.

Fujimori, de 70 años, es procesado como supuesto autor mediato de dos masacres, en las que fueron asesinadas 25 personas en 1991 y 1992, además de otros delitos de derechos humanos ocurridos durante su gobierno (1990-2000). La Fiscalía pide 30 años de cárcel para el ex mandatario.

Según se calcula, el tribunal de primera instancia, cuya transparencia y calidad han sido elogiadas por diversos observadores internacionales y nacionales, debe expedir su fallo en febrero.