La Corte Europea de Derechos Humanos estableció hoy que la presencia de crucifijos en las aulas escolares representa una violación de los derechos de los alumnos y de sus padres, un fallo contra el cual el gobierno italiano anunció un recurso contra una medida rechazada incluso por la oposición.
La corte estableció este principio acogiendo un recurso presentado por Soile Lautsi Albertin, una ciudadana italiana originaria de Finlandia, que pidió a la escuela pública que frecuentan sus dos hijos en Abano Terme, en provincia de Padua (norte del país) que quitaran los crucifijos de las clases, en nombre del principio de la laicidad del Estado.
Esto marcó el comienzo de una larga batalla legal emprendida por la mujer, primero ante la justicia italiana -que se negó a darle la razón, sosteniendo que el crucifijo es un símbolo de la historia italiana, y por lo tanto de la identidad del país- y luego ante la europea.
Los siete jueces de la alta corte europea, con sede en Estrasburgo -entre los cuales un magistrado italiano, Vladimiro Zagrebelsky- partieron del hecho que "la presencia del crucifijo, que es imposible no notar en las aulas escolares, podría fácilmente ser interpretada por los estudiantes de todas las edades come un símbolo religioso".
La corte subrayó que "no logra comprender cómo la exposición, en las clases de las escuelas del Estado, de un símbolo que puede ser razonablemente asociado con el catolicismo, pueda servir al pluralismo educativo que resulta esencial para la conservación de una sociedad democrática, tal como es concebida por la Convención europea de derechos humanos, y reconocido por la Corte Constitucional italiana".
Pocas horas después de ser conocido el fallo, la ministra italiana de Educación, Maria Stella Gelmini, difundió una nota en la que se informa que "el gobierno ha presentado un recurso contra la sentencia" ante la misma corte de Estrasburgo.
Si el tribunal acepta este recurso, el caso deberá ser examinado en la Gran Cámara, el órgano de la alta corte que debe dirimir cuestiones vinculadas con la interpretación de los tratados europeos.
En caso contrario, la sentencia se volverá ejecutiva en un plazo de tres meses, y será entonces el Consejo de Europa el que decidirá en un plazo de seis meses cuales son las acciones debidas de parte del Estado italiano.
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