Desde que la Presidenta Michelle Bachelet y la ministra de Educación, Mónica Jiménez, firmaron la semana pasada el proyecto de ley de reforzamiento a la educación pública, los aplausos, pero también las críticas, no han parado.

Uno de los puntos que han sido más alabados de la iniciativa que terminaría con la educación municipalizada es que las corporaciones educacionales contarán con fondos adicionales a las subvenciones escolares para financiar a los administrativos.

El proyecto de ley establece que, por cada niño matriculado, las corporaciones recibirán anualmente 1,2 UTM, es decir, cerca de $ 45 mil por alumno.  Estos fondos significarán un aumento en la inversión en educación cercano a los $ 135 mil millones.

Actualmente, los recursos para pagar a personal técnico y administrativo proviene de las subvenciones que el Mineduc entrega a los distintos sostenedores.

Otra de las novedades del documento es la creación de direcciones regionales de educación, las cuales operarán como oficinas del Servicio Nacional de Educación. Este, a su vez, estará en constante comunicación con las corporaciones.

Además, estos estamentos deberán cumplir con estándares de calidad y realizar exámenes y autoevaluaciones para certificar los niveles de enseñanza.

TEMEN MÁS BUROCRACIA
Aunque los expertos coinciden en que la meta que se persigue con la iniciativa es buena, señalan que temen que se podría generar, con la creación de las nuevas instituciones, un exceso de burocracia.

El director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, Juan Eduardo García-Huidobro, indica que la iniciativa "significa una posible mejora de la educación, donde los municipios no tienen herramientas para hacerlo". Sin embargo, agrega que "preferiría que existieran corporaciones más grandes y con cierta capacidad de apoyo técnico, para no generar una cadena de apoyo".

Harald Beyer, investigador del CEP, subraya que con la iniciativa se "crece en burocracia y no en autonomía". Agrega que el proyecto que, entre otras cosas,  crea el Servicio Nacional de Educación va a "duplicar las funciones, y eso no tiene ningún sentido".

Mientras, Jesús Trigueros, presidente de la Federación de Instituciones de Colegios Particulares, asegura que "nos preocupa la reiteración de propuestas para generar nuevos organismos burocráticos sin disminuir los ya existentes".

ALCALDES: EN DUDA APOYO ECONÓMICO
Los representantes de los alcaldes se reunieron con la ministra de Educación, para conversar sobre el rol que cumplirán con el cambio propuesto en el sistema municipalizado de la enseñanza.

En la ocasión, Pablo Zalaquett, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación de Municipalidades, señaló que "si a los municipios nos dejan fuera de la administración de los establecimientos, obviamente el sentir de muchos alcaldes será que no vamos a seguir aportando los más de $ 120 mil millones que hoy entregamos al sistema anualmente". Agregó que con las corporaciones da la impresión de que se "libera a los alcaldes de tener que aportar dinero", pues la responsabilidad educativa no sería sólo de ellos.

La ministra respondió que "hay que valorar que existe un proyecto de fortalecimiento de la educación". Añadió que la Ley General obliga a los ediles a tener una entidad de giro único, y que el proyecto no les impide hacer corporaciones unimunicipales.

LEY DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Corporaciones
Agruparán a uno o más municipios, primero de manera voluntaria, y serán las administradoras y propietarias de los colegios estatales. Tendrán recursos para las subvenciones y para las remuneraciones de profesionales.

Servicio Nacional
Será el organismo que entregue los financiamientos a las corporaciones y que, además, preste apoyo técnico y pedagógico a quienes lo necesiten. Será centralizado y dependiente del Ministerio de Educación.

Centros regionales
El nuevo proyecto establece la creación de direcciones regionales de educación, las cuales serán oficinas del Servicio Nacional. Además, estará el Consejo Nacional, el cual aprobará estándares y el currículum educativo.