La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy a Chile una "señal fuerte" contra la tortura y denunció la reciente tendencia de "rebajar de manera excesiva" las penas a los acusados de crímenes de lesa humanidad.
La FIDH y su organización miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), instó al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas a recomendar a Chile a que reforme su Constitución.
Ambas organizaciones destacaron en un comunicado que la definición legal de la tortura en la legislación nacional chilena sigue sin ajustarse a la Convención de las Naciones Unidas.
Con esta solicitud se pretende que la Carta Magna chilena establezca "un sistema electoral más democrático" e incorpore los derechos humanos "en su plena dimensión", incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La competencia de los tribunales militares para juzgar casos de violencia policial, así como la no abrogación del DecretoLey de Amnistía 1978 y del principio de obediencia del Código Militar, todavía vigentes, son otras de las "preocupaciones" de este órgano.
Además, la labor incompleta de las comisiones de la verdad, que dejaron fuera a miles de víctimas y la aplicación de la legislación antiterrorista en contra de la población indígena mapuche, son elementos sobre los que las dos organizaciones pretenden que se siga trabajando.
La FIDH lamentó los malos tratos, en algunos casos constitutivos de tortura, que se cometen en la actualidad por parte de las fuerzas de seguridad policial y gendarmería del Estado, en la mayoría de las veces contra grupos vulnerables.
En Chile persiste una "institucionalidad política y social, heredada del régimen de Pinochet", que perpetró las más graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente del país, recordaron.
Además, señalaron que algunos tratados internacionales de "suma importancia" todavía no han sido ratificados por Chile, como la Convención Americana Sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención de 1968 sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
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