Primero fueron los funcionarios del Ministerio Público y luego siguieron los del Poder Judicial, de manera voluntaria. Ahora, serán los propios subsecretarios, los jefes superiores de servicio, los directivos superiores de órganos de la administración del Estado y hasta los jefes de división, quienes deberán someterse a exámenes para detectar la eventual presencia del consumo de drogas en sus organismos.
La iniciativa se enmarca dentro de las modificaciones a la Ley de Drogas, donde se establece que quienes quieran desempeñar estas funciones deberán presentar una declaración jurada que acredite no tener dependencia de sustancias ilícitas. En caso de tenerlas, deben estar justificadas por algún tipo de tratamiento médico.
Es por ello que, el pasado 7 de mayo, la Subsecretaría del Interior ingresó las bases para licitar el servicio de toma de muestras en el portal Chilecompras.
La idea, según explicó el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, es "contar con procedimientos que tienen como fin disminuir el riesgo del consumo de droga en las personas que desempeñen altos cargos públicos. Eso para nosotros es muy relevante".
EXAMENES ALEATORIOS
Esta no es la primera vez que los exámenes son aplicados al aparato público. A fines del 2008, 400 funcionarios de gobierno debieron someterse a este tipo de controles de manera privada.
Para la realización del examen, un equipo de especialistas seleccionará de manera aleatoria el estamento o servicio a ser controlado. Se estima que se tomarán muestras a 600 trabajadores. Así, este año el examen se aplicará a un 50% más de funcionarios.
Una vez que el servicio haya sido seleccionado, se procederá de manera sorpresiva a efectuar los test de orina a los funcionarios, que sólo podrán ser informados dos horas antes de la toma de las muestras.
Las sustancias susceptibles de ser controladas son: marihuana, clorhidrato de cocaína, opiáceos, éxtasis y anfetaminas.
Quienes realizan el examen, no conocerán la identidad de la persona que proporcionó la muestra, ni tampoco los resultados. "Ni los laboratorios, ni nosotros -que somos los autores del decreto-, sabemos quién es la persona a la que le fue tomada la muestra. Sólo se conoce un código y se comunica el resultado a la persona y al ministro respectivo", aseguró el subsecretario.
REHABILITACION
Si los resultados son positivos, el ministro del ramo citará al funcionario. Se le efectuarán nuevos exámenes médicos y, posteriormente, será sometido a un proceso de rehabilitación, de carácter obligatorio.
"Aquí no hay ninguna sanción. Se tiene un objetivo de prevención. El hecho de que una alta autoridad pública sea consumidor, puede significar un problema", añade Rosende.
Durante los últimos años los servicios públicos del país han incrementado sus jornadas de prevención en droga. Se espera que a fines de año los funcionarios sean sometidos a los test.
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