A quién se llama por teléfono, quién lo llama a uno, cuánto dura esta llamada y desde qué lugar del país se hizo. Toda esta información, hasta ahora protegida y accesible sólo con autorización judicial, estará a libre disposición de cualquier fiscal del país con sólo pedirla a las compañías telefónicas.
Esto, de prosperar el proyecto de ley que aprobó una comisión de diputados y senadores y que sólo falta que sea votada en la Cámara Alta, la que le entrega un mayor número de facultades al Ministerio Público. Las empresas telefónicas deberán conservar la información durante un año y, en caso de no entregarla a los fiscales, cometerán el delito de desacato.
La iniciativa surgió luego de que algunas compañías de teléfonos celulares se negaban a entregar la información sin tener antes la autorización de un juez. El fiscal Héctor Barros, de la Fiscalía Sur, indicó que "el sistema penal debe ser ágil. El dinamismo que existe en el tráfico de drogas es altísimo. Lo que están haciendo los traficantes es cambiar teléfonos rápidamente. Hay sujetos que cambian cada dos días teléfonos o una vez a la semana. Antes, obtener esa información podría demorar hasta cinco días". Barros agregó que "esta disposición no violenta garantías, porque la información a la que se accede no dice relación con el contenido de las conversaciones telefónicas, son números".
De una opinión radicalmente distinta es Gonzalo Medina, el jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública. "Creo que la medida afecta derechos de las personas y que debería mantenerse el requisito de previa autorización judicial. Lo que pasa, es que de lo contrario, en los términos en que el proyecto está redactado, la fiscalía no tendría que expresar ninguna causa o necesidad para poder pedir los datos. Esto ciertamente abre una ventana al abuso de esa facultad de la fiscalía", dijo el personero de la Defensoría.
En tanto, el abogado Felipe Marín, director de la Clínica de Justicia Criminal de la Universidad Diego Portales, indicó que "tener la información respecto de qué llamadas se hacen desde un teléfono, no el contenido, interfiere también la privacidad de las personas. Alguien se entera de a quién estoy llamando, lo que podría ser también parte de mi información privada".
En Estados Unidos, una norma similar se instauró en 2001 tras los atentados a las Torres Gemelas. La llamada "Ley Patriota" entregó a las agencias de seguridad mayores atribuciones para perseguir a sospechosos. Entre ellas, la facultad de acceder al registro de llamados e interceptar comunicaciones sin autorización judicial sólo en casos de terrorismo.
La iniciativa también obliga a las compañías de teléfonos a tener un registro de todos los usuarios que cuenten con teléfonos celulares con plan y con sistema de prepago. Según el proyecto, todos los números que no estén inscritos después de un año y medio que entre en vigencia la ley, deberán ser bloqueados.
Guillermo Pickering, presidente ejecutivo de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), dijo que es muy difícil tener un registro de los números de teléfono de prepago y agregó que "vamos a tener que cumplir (la ley), pero cuando pase un año y medio y bloqueemos a los que no están registrados, que quede claro que no es responsabilidad de las empresas". Pickering indicó, además, que "es desproporcionado bloquear a una persona porque no se registró".
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