Fue gente común y corriente, trabajadores de clase media, la que formó la mayoría de las turbas que saquearon el comercio de Concepción y Talcahuano los primeros días después del terremoto. "Hay de todo tipo de gente, cruza las clases sociales", afirma el prefecto de Carabineros de la capital penquista, coronel Hermes Soto. Y lo reafirman los propios pobladores de sectores como la villa Alto Palomares: "Fuimos aprovechadores", dice una vecina de esa población.
Si bien ambas policías tienen establecido que delincuentes y narcos fueron instigadores de los actos de pillaje, la gran mayoría fue gente que reaccionó al boca a boca. El prefecto Soto estima que sólo un 10% de los detenidos por participar en saqueos tiene antecedentes penales. La cifra surge a partir del chequeo de las bases de datos policiales, en el momento de la detención. De los detenidos, el 98% (143) quedó en prisión preventiva.
¿Quiénes son? Según dirigentes poblacionales y los propios residentes, se trata de obreros y cargadores, en el caso de los hombres, empleadas domésticas y dueñas de casa, en el de las mujeres, que aprovecharon el caos para cargar televisores de plasma, refrigeradores y juegos de living.
TESTIMONIOS
En un recorrido por tres sectores poblacionales -Alto Palomares, Collao y Huertos Familiares-, donde se devolvieron especies, algunos vecinos dicen que nunca se imaginaron que irrumpirían en bodegas de grandes tiendas y supermercados.
Por estar a pocos metros las bodegas de grandes tiendas y fábricas, el nombre de Villa Alto Palomares fue uno de los más repetidos durante los saqueos. Sandra Toledo (36) es dirigente vecinal del lugar y recuerda que tras el sismo la gente se empezó a desesperar. "Primero gritaron '¡abrieron Nestlé!' y fuimos. Después fue '¡Abrieron Ripley!'", explica.
Sandra asegura que, de las 241 familias de la población, unas 230 fueron a robar. Ella también. De una tienda sacó una cocina y un refrigerador, que sus vecinos ayudaron a traer en vehículo. "La mayoría de los hombres son peones. La mayoría trabaja en transporte. Y el resto son obreros de la construcción. Las mujeres o son asesoras del hogar o dueñas de casa, pero es gente honesta", afirma. Como ejemplo, un hogar promedio de esa villa tiene ingresos que no superan los $ 300 mil. Tres vecinos del sector señalan que los obreros ganan $ 200 mil y las asesoras $ 100 mil.
Sandra dice que fue la primera en sacar los enseres cuando llegó la PDI, pero que lo que la motivó fue ver lo que pasaba en otros lugares. "La gente estaba mal y estábamos nosotros robando", se lamentaba ayer.
Pero también ocurrió en otros sitios, como el sector de Huertos Familiares de San Pedro de la Paz, una villa de profesionales donde hubo robos. Juan Zarza (47) tiene una panadería. "Lo que más nos duele es que vecinos nuestros, clientes de años, hicieron ingreso con la turba", afirma.
Héctor López, dentista del mismo lugar, dice que aunque fueron delincuentes los que abrieron las rejas del local, "después vimos pasar autos nuevos, algunos con patentes de cuatro letras, llevándose productos".
La edil de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, lo resume en que "hay gente buena y gente mala".
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